Voluntades a cambio de dinero, solo eso

Todavía no se transita un año electoral y por eso no se observa una reducción drástica de la pobreza, pero el Gobierno está obsesionado con aumentar la ayuda social, mostrar una presencia del Estado entre los sectores más desprotegidos y en conseguir el voto de la clase media. Al menos así se refleja en los números ya que en lo que va del año por ejemplo, aumentaron en más de $1200 millones las partidas sociales. Este incremento de fondos no significa que la ayuda social haya alcanzado a los más necesitados, por el contrario, en muchos programas sociales se reiteran irregularidades al momento del reparto y una distribución arbitraria de los mismos. Más allá de aumentar la asignación universal por hijo, la Casa Rosada puso la mira en otras partidas relacionadas con la ayuda social, por ejemplo, en los créditos, que nunca llegan para micro emprendimientos; en el plan Conectar Igualdad, que distribuye netbooks para alumnos de todo el país y en el polémico plan Argentina Trabaja, destinado a los cooperativistas. Y según parece, el incremento del gasto social se concentró en los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Justicia, Educación y Salud.

Por ejemplo, el plan Argentina Trabaja pasará de un presupuesto base de $1500 millones a $2348 millones; el programa de Seguridad Alimentaria comenzó con $1287 millones y llegará a $1462 millones; el plan de promoción de empleo social pasa de $325 millones a $603 millones; el presupuesto de acciones de promoción y protección social empezó con $320 millones y ahora es de $380 millones. Todos estos incrementos se hicieron por medio de la redistribución de partidas presupuestarias. En el proceso hubieron cambios, como el caso de Desarrollo Social que, por ejemplo, el Plan Familias sufrió una baja de $670 millones, ya que la mayoría de sus beneficiarios fueron trasladados al plan de Asignación Universal por Hijo, los programas de vivienda del Ministerio de Planificación cayeron en $107 millones, porque los planes de Mejoramiento Habitacional aumentaron el 69%. Ahora bien, el plan Argentina Trabaja no sólo es uno de los programas sociales que mayores aumentos de partidas tendrá este año sino que se trata del más polémico. El pago de $1200 mensuales a cada cooperativista se concentró con grupos piqueteros afines a la Casa Rosada y todos ubicados en el conurbano bonaerense. Esta situación generó una catarata de denuncias de clientelismo político por parte de los grupos piqueteros enfrentados al Gobierno, porque en realidad el crédito presupuestado se asignaría a 11 provincias, pero su reparto se concentra casi en un 89% en Buenos Aires, la Capital y Tucumán.

El incremento del gasto social es un ejercicio constante del matrimonio presidencial, desde que llegaron al poder, en 2003, hasta hoy, sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social creció 700%. En 2003, Desarrollo Social tenía un presupuesto global de $1700 millones y este año gastará más de $14.000 millones. Sin embargo, los niveles de pobreza siguen siendo de entre el 20 y el 40% según el índice que se mire. Es revelador el hecho de que los programas sociales de mayor alcance poblacional tienen un presupuesto ejecutado por encima del promedio estimado para la mitad de año, 56% es el porcentaje normal. Así, las asignaciones familiares y plan de asignación universal por hijo están ejecutados entre un 74 y un 80%. Esto significa que antes de fin de año el presupuesto para esas partidas deberá incrementarse para cumplir con las metas fijadas y no dejar a los beneficiarios sin ingresos. Paradójicamente, hay programas que apenas tuvieron una ejecución de gastos, aunque no son la espina medular de los planes sociales de amplio alcance. Se trata del programa de acciones de capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, que sólo gastó durante el primer semestre $82,8 millones de los $350 millones de los que dispone para todo el año, es decir el 23,7%. En el Ministerio de Desarrollo Social se niegan a hablar de este tema, y la jefa de esa cartera, Alicia Kirchner, suele repetir una frase de la que se encuentra tristemente convencida; ella dice que lo que se hace es “aumentamos la inversión social, no el gasto social”.