Así comenzó todo

La obra social de Camioneros, una de las 43 intervenidas desde que se inició la investigación por los medicamentos oncológicos falsos y luego del, como se lo conoce, “triple crimen del General Pacheco”, en el cual fueron asesinados tres integrantes de la mafia de la efedrina. Dos de los muertos dueños de droguerías relacionadas también con los fondos de campaña de la Presidenta Cristina Fernández. Hoy controlada por Liliana Esther Zulet, mujer del titular entre otras cosas de la confederación General del trabajo, Hugo Moyano, está en la lupa de la Justicia por supuesta defraudación en el financiamiento de tratamientos. Fue denunciada por las irregularidades en el manejo de los fondos que la Administración de Programas Especiales (APE), que el ministerio de Salud le entregó y se trata de determinar si había legajos de pacientes truchos, cuya finalidad era hacerse de más subsidios. Según marca el Centro de Información Judicial (CIJ), Moyano había cuestionado la validez de una declaración testimonial, ya que su abogado no había estado presente en ella. La investigación judicial sobre la obra social de camioneros que administra su esposa, pero es controlada por Hugo Moyano continuará a paso firme, a pesar de la insistencia del líder de la CGT por frenar la causa. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazo el planteo de nulidad presentado por el propio Moyano contra una orden de pericia a troqueles de un medicamento oncológico. Hace un mes, se había pronunciado en el mismo sentido. La Cámara Federal confirmó la validez de una medida que ordena realizar una pericia sobre troqueles de un medicamento, en el marco de la causa que investiga si la obra social de los camioneros (OSCHOCA) cobró reintegros indebidos del Ministerio de Salud de la Nación, y hubo defraudación al Estado.

La pericia ordenada por el juez Bonadío era sobre troqueles de "Erbitux 5 mg/ml x 20", que se sospecha serían apócrifos. A su tiempo, Bonadío escuchó la declaración de la testigo María Butti puesto que una primera pericia "scopométrica" indicó que los troqueles sobre los que se hicieron los estudios eran bastante similares a los auténticos. El abogado Llermanos pidió la nulidad de la resolución que disponía realizar una nueva pericia sujeta a los parámetros que había brindado la experta en su declaración. No obstante, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que los agravios introducidos por el apelante contra ese testimonio no poseían entidad para afectar directamente la validez procesal de la orden de materializar el peritaje.
Los jueces aclararon entonces que las partes involucradas en el sumario conservan amplias potestades para discutir el resultado del peritaje o incluso pedir su reproducción. La negativa del juez a que la defensa asistiera a una declaración testimonial no generaba un gravamen irreparable a la parte, sostuvieron los jueces, quienes añadieron que la pertinencia de la prueba y su calificación como necesaria a los fines de la investigación incumbe solo al juez de la causa. En la causa se investigan; la presunta defraudación al Estado perpetrada por la obra social de los camioneros al solicitar reintegros de dinero al APE, organismo dependiente del Ministerio de Salud, mediante falsos troqueles y tratamientos de alta complejidad sobre afiliados pero que en realidad nunca se habrían llevado a cabo.