Así se sucedieron los hechos

Yo ya había anticipado mi voto positivo. Con estas palabras, el vicepresidente Julio Cobos había convertido en ley el proyecto que elevaría la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, vital y móvil, y a partir de ellas comenzó todo de nuevo. Según el jefe de gabinete, lo de Cobos era el ejemplo de traición y a los traidores, El Dante los metía en el noveno círculo del infierno, así trazaba un parangón con el poema épico "La Divina Comedia" de Dante Alighieri. Pero Julio Cobos no se quedó callado e insistió en que el dinero estaba, y que el problema era la utilización discrecional de ellos, ya que los fondos de ANSeS se destinan para obra pública. Y por otra parte existen $50 mil millones de excedentes que por error u omisión no fueron presentados en el Presupuesto. Solo por un rato, Cobos había vuelto a torcer la historia, como en el famoso voto “no positivo” de la Resolución 125, pero la decisión administrativa 1482, que llevo la firma de la presidente Cristina de Kirchner fue publicada en el Boletín Oficial, y observaba en su totalidad el proyecto de ley 26.649. En el decreto, con marcado contenido político, se advirtió que su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado.

Dentro de los considerandos, también se destacaba la posible violación de uno de los artículos de la ley de Administración Financiera que establece que, toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Para el Ejecutivo, el supuesto quiebre del Sistema Previsional traería aparejado el desfinanciamiento del Estado, que debería volcar recursos para paliar tal déficit y desatender con ellos las áreas importantes de su accionar. He vetado esta ley de quiebra, confirmó Cristina durante un acto en la Casa Rosada que aprovechó para repetir las críticas a la oposición. Con el sello típico del kirchnerismo, le imprimió un tono épico y de gesta al veto de la ley, y lo presentó como una decisión para todos los argentinos, y afirmo que no le temía a los costos políticos. Con la certeza de que el debate legislativo y la derrota eran inevitables, el Gobierno debía bajar el impacto público, entonces puso el foco de discusión en la “traición” del vicepresidente. También apunto contra la oposición y afirmo que ese arco político buscaba solo impedir la recuperación de derechos, y la reparación de los daños sufridos, especialmente de los que menos tienen. Si se aplicara, pasado muy poco tiempo, el Estado no podrá cumplir con sus obligaciones, y seguramente reaparecería sobre la base del desprestigio de lo público el discurso privatizador.

Pero el ejercicio de la memoria debe ser lo más completo posible, de modo de no repetir los errores del pasado, que, entre otros, cometieron también los Kirchner y sus más fieles vasallos. La Presidenta debería entonces ensanchar su memoria y recordar que, sin ir más lejos, en su gabinete tiene dos importantes funcionarias del gobierno de aquellos que nos llevaron al desastre, en 2001 con Fernando de la Rúa, como Nilda Garré (viceministra del Interior en 2001) y Débora Giorgi (secretaria de Industria y Energía de principio a fin de la Alianza), o Diana Conti (secretaria de Derechos Humanos). Si en cambio prefiere ir un poco más atrás en la historia, podría recordar cómo, junto con su marido, apoyaron en los 90 la privatización de YPF y que Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, les pidió a los legisladores del PJ que respaldaran esa medida que le quitó una fuente clave de ingresos al Estado, que ahora dice querer defender de una quiebra. De hecho, podría preguntarle también al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, cuáles fueron las palabras exactas que mencionó cuando defendió aquella privatización como diputado nacional.