Más reasignaciones

El Ejecutivo nacional ha vuelto a hacer una millonaria reasignación de partidas en el Presupuesto, a través de las cuales se ha beneficiado nuevamente al Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, y sobre todo en el área del sector energético. La decisión se tomó con el argumento de que resulta necesario atender obligaciones impostergables de la Administración Nacional que en su gran medida corresponden al mes de noviembre del corriente año. Pero como es una práctica habitual en los últimos años, con este tipo de decisiones, el Gobierno blanquea los mayores gastos que estuvo realizando o necesita realizar utilizando los ingresos extras respecto a la subestimación que hizo cuando se sancionó el Presupuesto, en este caso, el de 2010. Esta vez autorizó un aumento del gasto total de $4612,7 millones, en parte reconociendo el aumento de recursos propios de algunos organismos y en parte haciendo malabarismos contables, fingiendo reducciones de inversiones financieras.

Por segunda vez en menos de tres semanas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a usar los superpoderes para hacer un fuerte aumento del gasto total, sincerando en parte los números presupuestarios. Para poder echar mano de esas partidas no basta con los superpoderes del jefe de Gabinete, por lo que se debería recurrir al Congreso y negociar la reasignación. Pero se espera que, tal como hizo en 2009, la presidenta Cristina Kirchner utilice un decreto de necesidad y urgencia que probablemente aparezca sincerando todas las partidas presupuestarias cuando esté más cercano el final de las sesiones ordinarias del Parlamento. Con la decisión administrativa 765/10, publicada en el Boletín Oficial, Aníbal Fernández destinó una importante cantidad del gasto a aumentar los subsidios destinados a contener los incrementos de las tarifas eléctricas, por un total de $590 millones, y las de transporte por $360 millones. A la Anses se le reconocieron $2731 millones de más de recursos propios de los que tenía previstos hasta el momento. Pero de ese total $1115 millones se gastaron en otras jurisdicciones para destinos que no son previsionales. Por ejemplo, $815 millones fueron enviados como contribución a la administración central y se repartieron del siguiente modo $15 millones para el Servicio Penitenciario Federal, $100 millones para la caja de retiros y pensiones de la Policía Federal, en una repetición de un mecanismo utilizado para financiar esos dos destinos a mediados de octubre pasado.

Otros $200 millones fueron al pago de retiros y pensiones militares y $800 millones al Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de pensiones no contributivas. También a la Anses se la obligó a hacer una contribución de $36 millones de pesos a la AFIP, y la autorizaron a gastar $170 millones de pesos más en gastos de funcionamiento, que no incluyen aumentos salariales para el personal y en cambio sí pagos de servicios de mantenimiento y limpieza, comunicaciones, de informática, comerciales, financieros, comisiones y un misterioso rubro de otros no especificados precedentemente, que se llevó casi la mitad del total, con $82 millones. También se sinceraron, aumentándolas, partidas para el pago de la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y complementos de prestaciones previsionales. También se ampliaron en $200 millones los créditos a la Dirección Nacional de Vialidad para trabajos de construcción y mantenimiento de rutas. ENARSA recibió un refuerzo de $300 millones. Además de los $800 millones para las pensiones no contributivas, Desarrollo Social recibió $100 millones para el Programa de Seguridad Alimentaria y $200 millones para el Programa de Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. Uno todavía se pregunta, ¿Como puede ser que existiendo semejante cantidad de reasignaciones el gobierno insista en no poder cumplir con el controvertido 82% móvil?