Una delicada situación

La decisión de la Presidenta de crear el Ministerio de Seguridad estuvo influenciada principalmente por la presión de organismos de derechos humanos. Es así entonces como la nueva titular de la cartera Nilda Garré, asume primordialmente con dos objetivos, uno el de cambiar la imagen que las Fuerzas Armadas arrastran desde el proceso de reorganización nacional, para transformarlas en un sector afín al discurso progresista del Gobierno y el otro muy probablemente el de quitarle protagonismo y poder al jefe de gabinete Aníbal Fernández quien salió mal parado del conflicto en Villa Soldati, y quizá, éste sea uno de los peores momentos por los que atraviesa desde que se hizo cargo de su Jefatura. La presidenta Cristina Fernández no sólo le quitó el manejo de las fuerzas de seguridad, que administraba desde que era ministro de Justicia y que sostuvo cuando se fue como jefe de Gabinete, sino que además puso al frente de la cartera a una enemiga íntima suya, la ex titular del mismísimo ministerio de Defensa, Nilda Garré. El jefe de Gabinete fue uno de los funcionarios más señalados desde aquellos sucesos. En cuestión de horas, quien fuera un "superministro" vio desaparecer su influencia histórica sobre las fuerzas de seguridad en manos de una de sus principales adversarias. El objetivo de Cristina Kirchner fue el de oxigenar una de las áreas más sensibles en los últimos tiempos, pensando en 2011. El jefe de Gabinete intenta ahora sostener su poder, tenía el manejo absoluto de todas las fuerzas de seguridad, una relación de confianza con la cúpula policial desde sus épocas como ministro del Interior, a tal punto que, fuera de su viejo cargo Fernández siempre siguió cada detalle, aún como jefe de Gabinete.

El ministro de Justicia, Julio Alak, sólo tenía un mandato formal, firmar las decisiones controladas por Fernández. Inmutable, el jefe de Gabinete mantuvo todas sus funciones. Encabezó los anuncios oficiales. Habló también con los jefes de la Policía. Y sus colaboradores se comunicaron con varios comisarios. Como si nada hubiera pasado. La nueva ministra tiene mala relación con Fernández. En 2007, llegaron a un pico de tensión que los enfrentó definitivamente. A fines de aquel año, la ministra hizo echar al jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, a quien acusaba de comandar operaciones en su contra. Garré aseguraba que Montero respondía a Fernández. En la semana de los hechos se Villa Soldati, se aceleró un cambio que la Presidenta ya evaluaba con la idea de robustecer la reelección, y ya durante el confuso accionar policial en el asesinato de Mariano Ferreyra posó las primeras miradas sobre Fernández. Se multiplicaron con las peleas dentro del Gabinete y las revelaciones de WikiLeaks. Los muertos de Soldati fueron la gota que colmo el vaso. La jefa de Estado sin duda ha tenido mucha culpa respecto de la actuación de Fernández en el desalojo del Parque Indoamericano, sin embargo, no será la mandataria quien asuma el costo. Se ha cuestionado absolutamente todo el accionar de la policía, también le cuestionaron la ausencia de un cordón de prevención al que Fernández se negó rotundamente dos días más tarde se vio obligado a aceptarlo. ¿Se enojó la Presidenta con Fernández? No se sabrá nunca. El funcionario aún conservaba mucho poder de decisión.

Pero los días transcurren y su poder se debilita; por ejemplo: Masquelet hombre de Aníbal Fernández había sido beneficiado con varios cargos dentro de la administración desde 2003. Fue un voto cautivo del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, saltó de la subsecretaría de Culto a la conducción del Consejo de Seguridad Interior, en 2007 fue nombrado secretario de Seguridad Interior y en agosto de 2009 pasó a ser el secretario de Justicia, detrás de Alak. Hoy, por orden de la presidenta Cristina Kirchner, debió renunciar convirtiéndose en otro funcionario incondicional de Aníbal Fernández, obligado a abandonar su incondicionalidad, lo que constituye otro duro golpe al poder del jefe de Gabinete, cuya influencia aparece día tras día más recortada. Ya había perdido el control de la seguridad y, había sido descabezada la cúpula de la Policía Federal, que le respondía desde 2004. Estas son las consecuencias de las usurpaciones ilegales en Capital y en el conurbano, que desataron una crisis en el Gabinete. La orden de remover a Masquelet provino de Olivos. Pero no se comunicaron los motivos, la propia Presidenta le dio la directiva a Alak y en forma automática ambos firmaron el decreto 2017/10, que fue publicado en el Boletín Oficial. Asumió en su lugar un joven militante de La Cámpora, Alejandro Julián Alvarez. El cargo que ocupará Alvarez y que perdió Aníbal Fernández es por demás estratégico: coordina la relación con el Poder Judicial, gestiona los programas de mediación, de protección de testigos, de acceso a la Justicia, de trata de personas, y representa al Estado ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces nacionales. La Presidenta parece haber optado por no excluir a Aníbal Fernández del gabinete en el corto plazo, pero sí dejarlo acotado a sus competencias formales. En el entorno de la Presidenta hablan de una situación que caía de madura y referida a la crisis de Villa Soldati que terminó con tres muertos y varios heridos. La situación de tensión social por las tomas de predios no terminó aún y puede deparar nuevos dolores de cabeza al Gobierno, en Balcarce 50. Precisamente eso llevó a la Presidenta a dar un golpe de timón y le quitó a Aníbal Fernández el control de las fuerzas federales de seguridad. Dispuso luego una sucesión de medidas que recortaron la influencia del jefe del Gabinete.