diciembre 01, 2010

Una nueva sensación

Una inflación mensual del 3,6% significa, acumulativamente, algo más del 40% anual. Este ritmo coloca a la Argentina casi a la cabeza de los países con más inflación en el mundo. Este es un dato que lejos de ser estadístico, afecta nuestra deficiente calificación como país receptor de inversiones, ya perjudicada por la falta de seguridad jurídica y por el incumplimiento de reglas y de compromisos internacionales. Este nivel de inflación lleva, por otro lado, a la aparición de comportamientos que la autoalimentan como la indexación formal, y aunque no haya un reconocimiento abierto de su existencia, en la carrera de precios y salarios se torna clara esta existencia cuando ocurren situaciones tales como los aumentos decididos en paritarias y se en los reclamos de reabrirlas por parte de los gremios que cerraron los primeros acuerdos a comienzos de año. Como ejemplo se puede mencionar al sindicato docente que es uno de ellos. Cualquiera sea la medición que se tome, mostrara un incremento del costo de vida en torno del 2,5% en la comparación de noviembre contra el mes anterior, pese a que para algunos funcionarios del Gobierno, al igual que la inseguridad, la inflación no es más que una sensación.

Aceptando la definición de la canasta básica de bienes del propio Indec para que un matrimonio con dos hijos menores supere la línea de pobreza pero tomando los precios reales de noviembre, se debe llegar a los $2017 mensuales. Ante estas cifras las declaraciones oficiales de carácter defensivo, escapistas y no exentas de agresividad, fue que el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que la inflación no es un tema en grandes porciones de la población y que les preocupa a algunos integrantes de la clase media alta, en que la inflación que tenemos es la que publica el Indec. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández por su parte asevero que lo de las consultoras privadas es una mentira. Pero no cabe duda de que la inflación ha echado raíces en la Argentina que obedece a causas locales antes que a externas, y es una consecuencia de las políticas que han venido aplicándose en los últimos años. El empeño en privilegiar fuertemente el consumo sin haber creado las condiciones para la inversión e impedir así un similar aumento de la oferta de bienes termina en aumentos de precios. Es también inflacionaria una política fiscal que en sólo siete años ha llevado el gasto público desde el 30 al 40% del PBI y que hoy desborda los recursos impositivos, requiriendo emisión monetaria disfrazada como transferencia de utilidades del Banco Central. No es casual que esta entidad haya tenido que modificar su programa monetario admitiendo expansiones que no puede frenar ni siquiera colocando letras en cantidades que ya son récord histórico. Es más que problemático tener que recurrir a Brasil para imprimir billetes de 100 pesos porque en la Casa de Moneda, las máquinas ya operan las 24 horas.

El marco externo se muestra hoy favorable para la economía argentina. Las bajas tasas de interés y la fuerte liquidez originada por la Reserva Federal de los Estados Unidos han reactivado muchos mercados financieros e impulsado el precio de materias primas. También han generado un flujo de capitales hacia los países emergentes en busca de mejores rendimientos. La Argentina no logra atraer inversiones de largo plazo, pero recibe dinero especulativo, que unido al saldo comercial produce un excedente de divisas que adquiere el Banco Central con emisión. Esto alimenta, por un lado, la expansión monetaria, pero, por el otro, permite el mantenimiento de un tipo de cambio nominal cuasi fijo, que es en rigor el único instrumento antiinflacionario que expone el Gobierno. Sin embargo, la inflación tiene otras causas y no cede, por ello esta política cambiaria es insostenible. La historia argentina es suficientemente aleccionadora respecto de las consecuencias de retrasos cambiarios, pero es todo un desafío en un año electoral en el que estarán contraindicadas las políticas serias, es decir, combatir la inflación. Debe quedar claro que a diferencia de lo que dice el ministro de Economía, la inflación castiga a todos, y más intensamente a los asalariados a muchos de ellos el impuesto a las ganancias les licua los aumentos de salarios y a los más débiles, quienes, aunque el Gobierno lo niegue, conocen sobradamente el efecto negativo de la inflación en sus bolsillos.

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