La verdad que se esconde

Si se tomara en cuenta la deuda con los jubilados de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema, la deuda pasaría del 47 al 57% del PBI. También podría sumarse la deuda pendiente por los juicios que la Argentina perdió en los tribunales del Banco Mundial (Ciadi), por otros US$20.000 millones. Que por cierto este incumplimiento del pago en dos casos contra empresas de EE.UU. generó ya roces diplomáticos bilaterales. Este diagnóstico, se basa en computar el ajuste que debe aplicarse sobre los jubilados que cobran más de la mínima y que fueron perjudicados por el congelamiento vigente de 2002 a 2006. Ese pasivo que el Gobierno no cuenta cuando habla de la mejora en la situación de la deuda genera un pasivo fiscal contingente de $87.500 millones o 6,2% del PBI, que crece a $107.700 millones si se actualiza la deuda por el IPC oficial. El monto se estira hasta los $138.800 millones o 10% del PBI si se actualiza por la inflación provincial, es decir, por los índices provinciales que no se alinearon con la subestimación del IPC del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Más claro, las cifras optimistas del Gobierno sobre la baja del peso de la deuda pública esconden un pasivo contingente que rondaría los $138.800 millones por el congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, que representará un gran problema para el próximo gobierno. Entre 2001 y 2006, los sucesivos gobiernos priorizaron los ajustes en las jubilaciones mínimas, lo cual derivó en un achatamiento de la pirámide previsional y en una catarata de juicios previsionales así que la Corte obligó a indexar las jubilaciones desde 2002. Aunque la "ley de movilidad jubilatoria" buscó poner fin al congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, partió de una base de actualización inferior a lo exigido por el fallo, por lo que la brecha entre haberes teóricos y efectivos no crece, pero tampoco desaparece. Así, el pasivo fiscal contingente sigue creciendo a pesar de la movilidad y está creando una vulnerabilidad fiscal a futuro del endeudamiento público. Esto se agrava porque el proyecto de ley que establecía el 82% para las jubilaciones, vetado por la presidenta Cristina Kirchner, contemplaba una solución para estos casos. Sin embargo, el problema no será aun dolor de cabeza pero si cuando se renueven las presiones judiciales para cumplir con las sentencias. Una realidad, que no debe dejar de advertirse es que el pasivo contingente del sistema previsional podría llegar al 160% del PBI si el Estado reconociera el total de la deuda previsional, según el criterio fijado por el fallo Badaro.

Como contrapartida, el Gobierno logró, según parece un ahorro de US$26.000 millones en el stock de la deuda por haber subestimado los pasivos ajustados por el CER, al informar una inflación menor que la real desde principios de 2007. La subestimación de la inflación desinfló el crecimiento de la deuda pública registrada por unos US$26.500 millones, equivalentes a 8% del PBI. El cálculo se basa en el ajuste del stock de deuda indexada por estimaciones privadas de inflación, en lugar de utilizar la inflación oficial del Indec, desde 2007 maniobra mediante la cual el Gobierno se ahorró ilegalmente unos US$4000 millones en términos de flujo. Hasta 2007, el nivel de riesgo país de la Argentina y Brasil eran similares, y luego la Argentina lo superó ampliamente, mientras el Gobierno habla de un ahorro, a la vez paga una tasa de interés del 9% en sus bonos, frente al 6% que podría estar pagando, al tener números mejores que sus vecinos, pero un riesgo país mayor. Además, el argumento del Gobierno de asegurar que no se está endeudando es una verdad a medias, porque la Anses vende la deuda al 9% en el mercado.