Negociaciones salariales

Pareciera que en la Argentina, todo marcha sobre ruedas la gente se toma sus merecidas vacaciones y eligen toda clase de destinos, desde los más exóticos y más caros hasta los más conocidos y económicos pasando por una variedad muy amplia. Por supuesto, también lo hacen los funcionarios públicos que lógicamente no son los que eligen los destinos más baratos para tomar sus vacaciones. Pero mientras todo esto sucede aquí en la ciudad la batalla por salarios entre sindicatos y empresas se adelantó al verano y a las vacaciones de muchos. Los reclamos de los gremios ya parten desde el 25% y llegan hasta un 35%, y en algo coinciden tanto las dos CGT como las dos CTA no quieren ni hablar de pisos o techos en las negociaciones. Lo mismo consideran en el Gobierno, y según entiende el propio ministro de trabajo Carlos Tomada hay que defender esa idea, entonces si esa es la postura del gobierno, ¿significa que está reconociendo una inflación acumulada en los últimos tres años aproximada al 74%?, ¿Es eso lo que sucede? porque de otra manera sería imposible siquiera empezar a interpretar su contradicción. En lo que a reclamos se refiere, la central obrera de Moyano es, por ahora, el sector más moderado con reclamos de aumento del 20%, claro si consideramos lo negociado y logrado por el camionero en 2010, un 36% que lógicamente tuvo que ver con su amistad y cercanía al poder político se entiende por qué el titular de camioneros no tenga ningún apuro. A Moyano le siguen la CTA de Hugo Yasky, con el 25% y la de Pablo Micheli, con el 30%. El sector que impulsa las exigencias más elevadas hoy es la CGT Azul y Blanca, que comanda el gastronómico Luis Barrionuevo. Sin embargo, desde el moyanismo salieron a calificar de políticos esos reclamos, en una actitud obvia por su rivalidad y de nuevo por la cercanía del titular de la CGT con el gobierno. Por su parte, los taxistas reconocieron que muchos gremios solicitarán aumentos mayores al 30% y otros que lo van a hacer por menos porque tienen salarios más acomodados a la realidad económica del país.

El ministro confía en la responsabilidad tanto en el sector empleador como en el trabajador, para que se llegue a consensos, como ha sucedido en todos estos años y considera que ahora, hay que ver cómo evolucionan las negociaciones, que más activamente se desarrollarán a mediados de este mes. La poco espontánea embestida oficialista y cegetista contra el pedido de Barrionuevo no tiene correlato si se recuerda lo exigido y finalmente acordado en 2010. Trabajadores gastronómicos del sector de Comedores Públicos, enrolados en la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la Republica Argentina, (UTHGRA) cerraron su negociación con una suba salarial de 39%. Ese incremento benefició a 4.500 trabajadores y se pagó en cuatro cuotas. Para el resto de los gastronómicos, el aumento fue de 35% en cinco cuotas, lo mismo que reclaman ahora. En la práctica, este tipo de montos logran que las subas salariales, justificadas en el incremento de los precios de bienes de consumo, producto de la inflación sean más elevados que lo informado al concretarse cada convenio. Por estos días y tal como viene ocurriendo en los tres últimos veranos, se activó el debate no exento de internas sindicales sobre cuál será el nivel de reclamos de mejoras salariales que harán los dirigentes. El Gobierno reaccionó ante esas declaraciones, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, trató de calmar las aguas y sostuvo que hablar de aumentos del 30 o 35% no aporta racionalidad a la discusión por los salarios y se mostró seguro de que nadie está pensando en esa dimensión de aumentos. Sin embargo habría que recordarle al ministro que él fue quien defendió la idea de que en las negociaciones no debía haber ni piso ni techo. En 2010 el Gobierno también trató de bajarles el tono a los pedidos, el año se había iniciado con la paritaria de docentes con el Estado, que cerró en el 23,5%, nivel muy lejano al de la inflación admitida oficialmente, pero hubo gremios que luego firmaron subas superiores al 30% y hasta del 35%, como en todos los casos producto de la pérdida de poder adquisitivo en el año y desde años anteriores, como sucedió con los docentes.