Las obras sociales, Cristina, y el poder de Moyano

Originalmente como idea y como plan para sanear muchas obras sociales, la concepción del gobierno nacional podría haber sido casi perfecta. Pero lamentablemente uno de los muchos errores cometidos por Néstor Kirchner, el de haberle dado tanto poder al titular de la CGT, tuvo como resultado entre otras cosas que la implementación del plan para sanear las obras sociales finalmente quedará en la nada. Los hechos fueron dándose más o menos como se detalla a continuación. El Gobierno daría a conocer en las primeras semanas de marzo dos resoluciones que buscaban desmantelar de una vez, los negocios y el poder económico de algunos de los sindicalistas más poderosos, entre ellos el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Pondría tope así al poderío que los sindicatos han acumulado durante años a través de su columna vertebral, las obras sociales. La Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de regular y controlar a las obras sociales, dirigida por el contador Ricardo Bellagio, elaboraba los borradores para anular cualquier posibilidad de que los sindicalistas se enriquezcan a través de sus propias obras sociales y se establecían una serie de prohibiciones, deberes e incompatibilidades para las autoridades, síndicos y auditores de esas instituciones.

Se analizaba también que las resoluciones salieran por decreto, es decir, directamente rubricadas por la Presidenta. Entre los puntos más sensibles, se prohibiría que los presidentes de esas entidades médicas que suelen ser los secretarios generales de los gremios contratasen a empresas proveedoras de su propiedad o de sus concubinas o familiares. Esta resolución anularía por completo el esquema de negocios por ejemplo de Moyano y el holding de empresas de su esposa, Liliana Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno, que nuclea a varias proveedoras de Oschoca, la obra social de choferes de camiones. La nueva medida incluía además prohibir que pudieran contratar a sus propias empresas de salud, como gerenciadoras, proveedoras de medicamentos o prótesis y otros insumos y servicios. La ofensiva se daría a sólo días de las primeras paritarias y en un año en el que la CGT ya le había exigido al gobierno lugares en las listas del Justicialismo. Pero la alianza con el moyanismo entró en una fase de mayor tensión desde la muerte de Néstor Kirchner, porque Cristina se había mantenido con un trato muy distante con Moyano. Esas semanas no habían sido buenas para ese vínculo, la Presidenta había eludido reducir el mínimo no imponible de Ganancias, y además había prácticamente propinando un retó al sindicalismo por las modalidades utilizadas en sus medidas de fuerza. La Superintendencia, un organismo que depende directamente del Ministerio de Salud, estudio prohibir que los sindicalistas gerencien, administren o dirijan más de una obra social, como se da en los casos de los dirigentes que presiden la obra social de un distrito de su gremio y la de la federación de su sindicato.

Con esto, busco coartar el poder económico de algunos dirigentes y evitar que monopolicen el manejo de los fondos de sus afiliados. También intentaba obligar a las obras sociales a licitar sus contrataciones según los montos de los que se tratase y se estudio cómo se sancionar a quienes no cumplieran con la nueva reglamentación. Por último se quería prohibir la creación de fideicomisos, que, como en el caso de La Bancaria, permiten a los presidentes de las obras sociales manejar las finanzas a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Los fideicomisos que ya estaban vigentes seguirían operando hasta su vencimiento y no podrían renovarse. Lamentablemente el proyecto del gobierno debió quedar sólo en los borradores debido a los hechos, de público conocimiento. Más precisamente, el exhorto enviado por la justicia suiza donde el fiscal general suizo Edwin Beyeler investiga operaciones de lavado de dinero. En la investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa supuestamente relacionada con Hugo Moyano, la empresa mencionada es Covelia, dedicada a la recolección de residuos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, y desde hace varios años vinculada al dirigente. Entonces como mencionamos al principio de esta nota el poder que hoy ostenta el camionero hizo que el gobierno diera marcha atrás, con todas sus aspiraciones y por último debiera salir en defensa de este nefasto personaje.