Otro pingüino corrupto

José Francisco López, hombre de bajo perfil nunca fue uno de los nombres resonantes del gobierno kirchnerista. No es famoso y poco le agrada la presencia en los medios, ni que hablar de candidaturas. Pero ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, un rol clave dentro del Ministerio de Planificación Federal. Maneja una caja que promedia los 31.000 millones de pesos anuales, y es el segundo del mediático y renombrado Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Pero al igual que todos los funcionarios del gobierno que mantienen esta clase de perfil bajo, está acusado de enriquecimiento ilícito ya que parece ser que habría multiplicado su patrimonio aproximadamente siete veces desde que asumió el cargo, o desde que llegó al poder. López como todos informó bienes por 158.900 pesos cuando llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración jurada reconoce una fortuna de 1.109.815 pesos, un incremento del 698 por ciento, según los datos que posee y ha informado la Oficina Anticorrupción. Entre sus propiedades se destaca La Araceliti, una vivienda en la localidad de Concepción, en la provincia de Tucumán, que fue ocupada por sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que produce tabaco y caña de azúcar. López dijo ser el dueño de la mitad de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su esposa, Maria Amalia Díaz, jubilada del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

Considerando solamente que La Araceliti era una propiedad que pertenecía a los padres del funcionario, de ninguna manera podría alegar que no es el único propietario. La empresa siendo que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, está habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. Resulta al menos sospechoso, que la empresa pueda realizar todas estas tareas, considerando el cargo que posee el funcionario. Es decir que la empresa está facultada para auditar las obras públicas nacionales en la provincia. López posee, además, terrenos en la villa turística El Calafate, entonces por todo esto, fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, espera los resultados de una pericia encomendada al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la investigación. El magistrado pidió ayuda a Prefectura para relevar las propiedades investigadas y también investigó las cuentas bancarias del funcionario. Casas en Río Gallegos, terrenos en Tucumán y lotes en El Calafate comprados al fisco son el principal objeto de la causa que instruye desde hace más de dos años el juez federal Daniel Rafecas. El magistrado esperara en estos días el resultado del peritaje dispuesto en el expediente, que determinara el valor real de cada uno de los inmuebles que López consignó como propios en sus declaraciones juradas.

El peritaje fue ordenado el 9 de agosto pasado y estaba previsto que estuviera terminado, originariamente, en 30 días. Mientras aguarda los resultados, el juez sigue adelante con el expediente, levantó el secreto bancario sobre López desde 2003 hasta 2008 y pidió informes a la AFIP, registros de la propiedad, la Dirección Nacional de Migraciones y empresas prestatarias de servicios. Además, le encomendó al Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura trabajos de campo en Santa Cruz y en Tucumán. El magistrado dispuso que la Prefectura se constituyera en cada uno de los predios que López tiene declarados, en los registros de la propiedad y en la AFIP para ver si son terrenos o están edificados y que indagara en la actividad desplegada en los mismos, se deberán tomar fotos y obtener las tasaciones. La causa ya tiene ocho cuerpos; en total, más de 1600 hojas. López, como secretario de Obras Públicas, es el virtual número dos de Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, pero siempre tuvo diálogo directo con Néstor Kirchner y manejó la relación con intendentes y gobernadores deseosos de ser favorecidos por el reparto de la obra pública nacional. Un dato no menor a tener en cuenta por la justicia llegado el momento de dictar algún fallo contra otro de los funcionarios más sucios e intocable de esta administración.