El informe

Si algo le faltaba a la Iglesia católica en Argentina para terminar de empeorar su relación con el gobierno, es el informe que realizo Cáritas, que representa su brazo social. En él se describe que el área metropolitana de Buenos Aires, formada por la Capital Federal y 30 municipios aledaños viven en una preocupante mezcla de pobreza, inseguridad, riesgo alimentario, empleo precario y déficit de viviendas unos 12,8 millones de personas. Realizado conjuntamente con el Observatorio de la Deuda Social Argentina, advierte que el 34,9% de la población, unos 4,4 millones de personas en esa área metropolitana, vive bajo la línea de pobreza. El índice duplica la medición oficial del Indec, para el cual son pobres solo el 15,2% de los habitantes, dato también mencionado en el informe. La diferencia se explica porque mientras que el cálculo oficial toma un ingreso de una familia tipo de $1250 por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la Universidad Católica Argentina (UCA) estima que ese ingreso debe alcanzar los $2150 mensuales.

La investigación realizada en una muestra sobre 1722 hogares fue dada a conocer apenas hace diez días atrás o un mes después de las elecciones. Más allá de la pobreza, señala indicadores sociales en una región que reúne al 32% de la población del país y produce cerca del 40% del PBI nacional. No se trata de polemizar sobre si hay más o menos pobres, con los números basta, se trata de que esta investigación sirva al gobierno para que implemente políticas de Estado, que permitan disminuir francamente la pobreza, pero no a través de planes sociales. La difusión del relevamiento ratifica la decisión de la Iglesia de poner el ojo en la situación social, más allá del acercamiento que tuvo el monseñor José María Arancedo, al reunirse con la presidenta Cristina Kirchner. De acuerdo con los resultados del estudio realizado el 10,8% de la población de esa zona, o 1,2 millones de personas reside en villas o asentamientos precarios. Existe una amplia brecha entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por ejemplo: el 59,3% de la gente no tiene acceso a cloacas en el Gran Buenos Aires y sólo el 2,7% en la Capital y el 28,8% habita en lugares próximos a basurales en la provincia y 13,1 en la ciudad autónoma. En todos los distritos es uniforme la preocupación por la inseguridad.

La mayor parte de esta gente considera que vive sin protección policial, uno de cada tres personas mayores de 18 años fue víctima de un delito en el último año y tienen miedo a ser víctima de un hecho delictivo en su barrio, con similares proporciones en la Capital y en los municipios bonaerenses. El estudio analiza en seis capítulos, distintos indicadores sociales como la vivienda y los recursos del hábitat urbano, la satisfacción de necesidades de subsistencia, la exclusión laboral, el déficit escolar y trabajo infantil, integración social y seguridad, la confianza en las instituciones y la integración a través del trabajo y la seguridad social. Según los resultados, el 16,13% de la gente vive en riesgo alimentario, una categoría que incluye a quienes padecieron situaciones de hambre en el último año. Uno de cada cuatro personas no tiene cobertura médica y el 22,6% dejó de pagar las cuentas, una proporción que está llamada a crecer en lo inmediato, con las recientes medidas oficiales que impactarán en el costo de los servicios públicos. Sólo el 15,1% de los encuestados declaró tener capacidad de ahorro y el 36,7% en capital y el 42,3% en el conurbano tienen insuficientes ingresos.

En una región marcada por las fuertes desigualdades, los promedios esconden realidades extremas muy preocupantes. El 34,9% de las personas afectadas por la pobreza trepa al 42,3% en la zona oeste del conurbano bonaerense y al 40,9% en los municipios del Sur. Por ejemplo, el 9,3% de los adolescentes de 13 a 17 años no asiste a la escuela y el 25,6% está atrasado en el trayecto escolar. Otro ejemplo todavía más grave, el 29% de los encuestados señaló conocer dónde se vende droga en el barrio. En todos casos, los números reflejan situaciones de extrema gravedad, que ponen en evidencia la ausencia del Estado, y que mal que nos pese la intensiva publicidad oficial, y la aplicación de planes sociales no muestra impactos reales en ninguno de los mencionados campos, lo que sería lo mismo que asegurar que no sirven más que como un paliativo insuficiente.