Del 2011, capítulo cuarto

En la foja 1479 del expediente Bento se limitó a ordenarle a la Gendarmería la colaboración para que ayudara a poner en funciones al interventor, Enrique Anzoize, mediante el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Entonces cuando Gendarmería Nacional entro en cablevisión por la fuerza, no cumplió un requisito inexcusable, para este tipo de operativos; el juez no había consignado en el expediente una orden escrita y fundada para hacer ese procedimiento. El cuestionamiento contra el juez Bento surge de varias denuncias presentadas por cablevisión y según parece ese horror en el proceder no fue el peor de los males. Este expediente que fuera tramitado originalmente en la provincia de Mendoza, es decir, no solo el juez Bento omitió librar la orden de allanamiento, sino que aparte era incompetente para ordenar un procedimiento en la Capital Federal, a pesar de que los hechos que denunció el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano fueran tramitados en su juzgado. Casualmente este grupo acababa de recibir por parte del Gobierno varias licencias nuevas en las provincias de Salta y Córdoba.

Además, demás está decir por los videos que fueron públicos y hoy están en manos de la justicia, que Gendarmería habría obrado con abuso de autoridad y así fue denunciado por la empresa afectada. Alegando esos motivos, Cablevisión pidió recusaran al juez Bento y pidió que se investigue la intervención que el juez le dio a Gendarmería. La empresa operadora de cable, en su denuncia había solicitado que el fiscal Jorge Di Lello pidiera al magistrado mendocino que le permita certificar una copia del expediente. Detengámonos, aquí para hacer un análisis simple de lo sucedido; no se puede escapar a la vista de nadie por menos conocimientos que posea en lo que al código penal se refiere, que cualquier juez penal sabe que un allanamiento salvo casos de extrema urgencia, como ocurre cuando la policía oye gritos de auxilio dentro de una casa e ingresa en forma inmediata tiene que estar siempre precedido por una orden judicial escrita y fundada. En innumerables ocasiones, la Cámara de Casación y la Corte Suprema anularon procedimientos realizados sin esa garantía esencial ¿Por qué Bento obró como lo hizo y dictó una resolución que redundó en benefició del Grupo Uno-Supercanal?

Inclusive en su propio detrimento, ya que la justicia podría haberlo recusado y hasta haberle quitado sus fueros, pero nada de esto sucedió. No quedan dudas sin embargo, que el juez actuó en connivencia con Vila y Manzano, y por eso también se lo denunció por cohecho. Algunos datos merecerían ser profundizados. Bento y Manzano tienen un conocido en común, ni más ni menos que el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón, que fue el segundo de Manzano cuando éste se desempeñaba como ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem ¿Puede haber otro motivo? Tal vez, también pudo haber pesado el hecho de que el Consejo de la Magistratura, desestimó una denuncia contra Bento que había iniciado Nuevo Plaza Hotel Mendoza Ltda., con el patrocinio del abogado Nicolás Becerra. Este fue procurador general de la Nación y no sólo es un hombre de mucha confianza de Manzano, sino que también conoce al abogado que acompañó al interventor designado por Bento, Enrique Anzoize.

Bento se encontraba entre la espada y la pared, el Grupo Uno y el Gobierno tienen una estrecha relación. En efecto, el Gobierno no pretende aplicar sobre el Grupo Uno la ley de medios, a pesar de que excede los límites de la ley de medios que sí le quiere aplicar al grupo Clarín. Es más, una de las empresas de ese grupo mendocino, Supercanal, confiesa en su sitio oficial que explota servicios de cable en 170 ciudades, a pesar de que sólo tiene licencia para hacerlo en 59. En segundo lugar, Manzano visitó en su despacho, en noviembre último, a la presidenta Cristina Kirchner. Y, ese mes, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), cuando estaba todavía bajo el comando de Gabriel Mariotto, les dio al grupo y a sus allegados cuatro licencias nuevas. Veamos, la resolución 1670 de Afsca, del 9 de noviembre, le dio licencia a Fibra Hogar SA de la que son accionistas Alfredo Luis Vila Santander y Aníbal Gabriel Olarte para explotar televisión comunitaria en Rosario. Y Olarte también aparece en la resolución 1671 del organismo como titular de Valle Punilla Comunicaciones, que explotará ese servicio en La Falda.