Del 2011, segunda parte

El Senado nacional aprobó en sólo diez días y en secciones maratónicas doce leyes prácticamente a libro cerrado, sin discusión o tratamiento alguno por parte de las comisiones creadas para tales efectos. Una vez conseguida la mayoría en las dos cámaras el gobierno nacional dispuso el tratamiento y la aprobación de un paquete entre el que se encuentran, por ejemplo el presupuesto 2012 y la controvertida ley antiterrorista. Otro de los proyectos convertidos en Ley fue el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios y además se ratificó el marco que regula la norma. El proyecto enviado por el Ejecutivo obtuvo votos a favor aportados por el FpV y por sus aliados de Nuevo Encuentro y del Movimiento Popular Neuquino, entre otros. A través de la iniciativa, el Poder Ejecutivo proponía declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización, según el texto, el marco regulatorio tiene por objeto asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario, el cual será aplicable a personas físicas y jurídicas con domicilio en el país.

Exactamente lo mismo que decir, estatizar la producción de pasta de celulosa y papel de diario. En su envestida contra los llamados grupos concentrados de poder la administración nacional ha logrado su cometido, el proyecto oficial supuestamente tiene que ver con la democracia y contiene medidas vinculadas al derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces, y por otra parte la normativa busca garantizar a todos los medios de prensa, condiciones de igualdad en materia de precios y cantidad, el acceso al insumo básico que necesitan para hacer un diario como es el papel. Pero la realidad es otra, hoy existe en el país una sola empresa que fabrica la pasta de celulosa y papel para diarios, que es Papel Prensa S. A, empresa manejada mayoritariamente por Clarín y La Nación, que son los grupos concentrados de poder. No es casual que en uno de sus últimos artículos, el texto establece que la empresa Papel Prensa deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel, algo que sucede hoy en día sólo que de esta manera el poder ejecutivo se asegura el absoluto control de la empresa. También la obligara a presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.

Se establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel, integrada por senadores y diputados de diferentes bloques. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la norma, y tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio. El gobierno así, según entiende, lleva adelante una política de democratización de los medios audiovisuales y de de accesibilidad e igualdad para todos los medios gráficos que tiene como finalidad una mayor equidad para que todos puedan publicar sus ideas. Desde la administración central dicen estar convencidos que se está a favor de la defensa de la libertad de expresión de todos los argentinos. Pero lo cierto es que si esa fuera la finalidad de esta sin razón, para proteger la libertad de expresión la mejor forma de hacerlo es no legislar sobre ella. Como el problema es solamente contra Papel Prensa expliquemos entonces un poco los números de empresa; el total producido por la empresa Papel Prensa S.A. se reparte de la siguiente manera, Clarín y La Nación los dos diarios con mayor tirada del país, utilizan el 71% para cubrir sus necesidades y el 29% restante se distribuye entre otros 168 medios.

Estos otros periódicos de todo el país no reciben un mayor porcentaje simplemente porque sus tiradas no lo necesitan, sin embargo el gobierno alega que no sólo deben pagar un precio 15% mayor sino que aparte deben importar para abastecerse. Si tenemos en cuenta el proteccionismo que a través del secretario de comercio exterior la Argentina ejerce respecto de las importaciones, es difícil creer el argumento que han utilizado. La prueba está en los dichos del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández quien expreso que el proyecto oficial busca evitar la concentración económica, que tiene consecuencias serias en la sociedad y por eso es imperioso que sea controlado y ordenado por un Estado ordenador y participativo. Otra vez queda claro que este proyecto no estableció nunca un interés público sino uno gubernamental de silenciamiento y control, el proyecto del kirchnerismo vuelve a encerarse en la lógica de la pelea y en el avance sobre lo que hasta ahora era una actividad privada.