La mafia de los medicamentos

En una resolución imposible de entender el sindicalista bancario Juan José Zanola quedó en libertad tras depositar la fianza de $700 mil en efectivo que le fijó el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la mafia de los medicamentos, luego de que la Cámara Federal dispusiera el cese de su prisión preventiva y la de su mujer ex directiva del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, y su segunda en el organismo, Susana Fionna, quienes pagaron una caución de $300 mil cada una, mientras el empresario Néstor Lorenzo dueño de la droguería San Javier seguirá detenido porque dice no contar con el dinero para la caución. El gremialista y las dos mujeres recuperaron la libertad desde el complejo carcelario federal de Ezeiza, donde estaban detenidos desde 2009 como procesados por la comercialización de remedios adulterados y defraudación al Estado, pero si hay algo más grave es que su libertad se da en el marco de una causa en la que han muerto seres humanos. Es imposible entender cómo hizo Zanola luego de haber sido embargados todos sus bienes para pagar más de $1 millón. Obviamente está claro que el dinero para su esposa y su colaboradora la Licenciada Fionna ha salido de su bolsillo. En un intento por explicarlo dijeron que la plata se recolectó entre familiares, amigos y gente del gremio.

La Cámara Federal les otorgó la libertad luego de anular la prórroga por un año de prisión que había ordenado Oyarbide, a quien criticaron por una deficiente técnica investigativa. El abogado de Zanola, Aballay y Fionna, Martín Bagalá, se presentó en el juzgado de Oyarbide, en los tribunales de Comodoro Py 2002 (Retiro), con la plata en efectivo, pero le pidieron que la deposite en el Banco ciudad y que luego presente los recibos para concretar las libertades. El letrado cumplió con el trámite, pero al volver se encontró con que el juez no estaba en su despacho sino que se encontraba en un almuerzo de fin de año con parte del personal del juzgado en un lugar cercano a los tribunales. Así, dos empleados le llevaron al juez los oficios para que los firme y determine desde donde iban a ser liberados los imputados. Los abogados de Zanola Bagalá y Rodríguez Menéndez, junto con la hija del sindicalista, Soledad, esperaban en la planta baja de Comodoro Py. Durante la espera, la hija de Zanola recibió una llamada de su padre desde la cárcel. Zanola estuvo preso desde el 30 de noviembre de 2009 y la Cámara Federal le otorgó la libertad junto con Aballay, Fionna, Lorenzo y Pérez Corradi que tiene pedido de extradición a Estados Unidos. Pérez Corradi recuperó la libertad esa misma noche, tras depositar una fianza de $100 mil, mientras que Lorenzo es el único que seguirá detenido ya que no cuenta con los $700 mil que Oyarbide le impuso de caución. Su abogada, Claudia Balbín, le pidió a la Cámara que le reduzca el monto de la fianza, lo que también analizaba hacer la defensa de Zanola, Aballay y Fionna, a pesar de que consiguieron el dinero.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah otorgaron las libertades luego de anular la decisión del juez de prorrogar las detenciones, en una resolución en la que lo criticaron por el rumbo de la investigación. La demora no surgió de la propia naturaleza de los hechos investigados sino de la deficiente técnica investigativa seguida en los actuados, donde una desmedida preocupación por abarcar un sinfín de eventos no necesariamente conexos ni contemporáneos llevó a una inevitable falta de profundización de aquellos otros aspectos que, en lo que aquí respecta, merecían prioritaria atención, dijeron los jueces. El tribunal había anulado a principio de noviembre las prisiones preventivas y le pidió a Oyarbide que las vuelva a justificar porque había dado una argumentación contradictoria que impedía evaluar debidamente su razonabilidad, ya que había dicho que existía riesgo de que entorpezcan la causa pero al mismo tiempo dio por cerrada su instrucción. Pero Oyarbide ratificó sus argumentos y la Cámara finalmente un mes más tarde anuló su decisión y ordenó las libertades. Estas personas están procesadas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la comercialización y suministro de medicamentos falsos y adulterados a pacientes de la obra social bancaria. También están imputados por 68 casos de defraudación al Estado con falsos troqueles que se presentaron y se cobraron por fármacos que nunca se entregaron. Más allá de la incompetencia en la investigación del juez Norberto Oyarbide, me pregunto, considerando los hechos por los cuales estos cuatro individuos hace dos años que se encuentran en prisión ¿es lógico que aparezcan otros tres magistrados más incompetentes aun, y les otorguen libertad bajo fianza luego de haber literalmente asesinado seres humanos?