Así mientras el júbilo popular afectaba el discernimiento de los gobernantes día a día nos encontrábamos con menos posibilidades para negociar la soberanía de las islas una vez recuperadas según se había planeado originalmente. La secuencia de las negociaciones deja ver el poco margen que iba quedándole a la argentina, ya que primero se reclamaba la soberanía de las islas y luego terminó siendo una burla de la OINU hacia el pueblo argentino. Se llego a considerar un gobierno conjunto de varios países incluidos Argentina y Gran Bretaña y más adelante ya se discutían los términos del cese del fuego, la rendición y el retiro de tropas mientras se cedía la administración de las islas a la ONU. Al final sólo se evaluaba el retiro de las tropas, y la reposición del gobierno británico para luego consultar a los isleños sobre su futuro soberano. De todas maneras en esta, mi visión tanto de los hechos como del informe no puedo dejar de mencionar nuevamente dos cosas en particular: la primera la responsabilidad del gobierno argentino en las pésimas decisiones tomadas, en las responsabilidades incumplidas de hombres como el Brigadier General Mario Benjamín Menéndez. Y la segunda, una que es imposible no mencionar: todos los integrantes de la comisión que redactaron este informe eran militares de carrera, retirados con mucha preparación inclusive en el exterior pero ninguna experiencia viva en combate.
Los libros nos enseñan muchas cosas pero nada puede prepararnos para un análisis como el que se hizo, más que la experiencia de los libros aplicada en la realidad de los hechos. Respecto del análisis sobre las tácticas, decisiones logísticas y estrategias aplicadas en el campo de batalla, estoy de acuerdo, pero de ninguna manera comparto la crítica respecto del accionar de aquellos que estuvieron, lucharon vivieron y murieron en el campo de batalla. Es por eso que no estoy de acuerdo con lo que sigue, pero así se redacto el informe. En el análisis se describen uno a uno los errores de cada comandante en jefe, como la falta de coordinación entre las fuerzas; la mala selección de las unidades enviadas al frente y su pésimo despliegue; horrendo adiestramiento; armamento inadecuado y fallido, entre otros. También describe como mencionaba los errores del gobernador militar Mario Benjamín Menéndez. Comando ineficaz, desconocimiento de la verdadera situación táctica, física y moral de las tropas, indecisión para atacar cuando era posible. Entre lo peor se hace mención a la pésima logística en el transporte de tropas, armas, equipos, alimentos y abrigos. Ciertamente tampoco hubo al igual que lo hiciera estados unidos durante la segunda guerra mundial, una conciencia ni aun por decreto que obligara a las empresas públicas y privadas a satisfacer de inmediato las necesidades de la guerra, en todo sentido municiones armamento, o pertrechos de cualquier tipo.
Otra parte del informe critica la falta de información precisa, una pieza clave para la Acción Psicológica. Hubo según se describe un ineficiente control de la información, y desbordes periodísticos con efectos triunfalistas multiplicadores en el público. El equipo de Rattenbach le achaca al Estado Mayor Conjunto que por los criterios disímiles de los informes de cada fuerza, no pudo saberse “un dato clave“, cuánto costó la guerra. Pero la pregunta es, ¿a quién le importa si se sabe o no cuanto costo en términos económicos? Todos sabemos que el costo de la guerra sólo se cuantifica por las vidas que se pierden en ella. Finalmente se responsabilizan a cada organismo de comando y a diecisiete personas en particular para establecer culpabilidades políticas, penales y disciplinarias, por la existencia de negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos militares. A los comandantes de la Junta y también al incapaz canciller Nicanor Costa Méndez se le atribuyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, y sanciones contempladas en el Código de Justicia Militar, que van desde la destitución, o la prisión mayor, de dos a seis años o hasta 25 años de cárcel, la reclusión e inclusive la pena de muerte, planteada como posibilidad para Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y los coroneles Reposi y Mabrañaga, acusados de haberse plegado a una capitulación ordenada por otro militar cuando sus fuerzas aún contaban con medios de defensa.
Para otros oficiales superiores se sugieren penas menores por haberse rendido antes de tiempo, y al gobernador Menéndez se lo acusa de varios delitos militares que no lo dejan muy bien parado como alguien idóneo y mucho menos valiente. Alfredo Astiz, quien rindió sus tropas asentadas en Puerto Leith en las Georgias del Sur sin efectuar la debida resistencia no fue sumariado por la Armada, como sí había ocurrido con el capitán de corbeta Luis Carlos Lagos, que se comportó de igual modo en otro puerto de las Georgias. Cristina Kirchner alabó a los comisionados y reivindicó su trabajo. Seguramente no lo habría leído con atención ya que en las conclusiones, indica que “La República Argentina no posee una política militar orgánica, con fines y modos de acción claramente establecidos”, una situación que aun hoy persiste al igual que cuando explica textual; “Que el Servicio Exterior no acreditó el alto nivel de eficiencia profesional que exigía el conflicto, lo cual reclama una mejor y más exigente capacitación y selección de los funcionarios”. ¿Qué fue lo que sucedió, la presidenta no leyó esta parte? Quizás este último concepto les interese a estos mocosos de La Cámpora que hoy controlan el Instituto del Servicio Exterior. Continuara.
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