Electroingeniería

Zannini es cordobés, nacido en la localidad de Villa Nueva, en los 70 fue parte de la corriente maoísta de Vanguardia Comunista, y durante el proceso de reorganización nacional, estuvo detenido con su coterráneo Gerardo Ferreyra, que venía del ERP. Fueron detenidos por haber participado en más de una de las actividades del grupo paramilitar guerrillero. Allí nació la amistad que aún hoy mantienen. El Chino, como lo apodan, armó las listas en las últimas elecciones, está metido en todas las decisiones políticas aunque suele tener poca injerencia en temas económicos. Carlos Zannini, es el secretario Legal y Técnico de la nación, fue Zannini quien supervisó y autorizo los 154 decretos que Amado Boudou firmó durante la licencia médica de Cristina Kirchner. A la hora de repartir elogios y bromas, la Presidenta siempre habla de Amado Boudou, de Guillermo Moreno o de Aníbal Fernández, pero nunca, jamás lo hace del funcionario que mejor conoce sus más oscuros secretos. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo cuando se trata de los funcionarios de esta administración resulta que hay un pequeño problema, tiene un amigo y siempre hay un amigo.

Este amigo suyo, pasó de ser un mediano empresario titular de una pyme a un megaempresario durante el periodo que lleva el kirchnerismo en el poder. Su compañero guerrillero Gerardo Ferreyra es hoy el dueño de Electroingeniería, una constructora cordobesa que desde 2003, ganó concesiones de grandes obras eléctricas, pero el amigo de Zannini sigue acumulando negocios. No sólo es mencionada como la preferida por el Gobierno antes que cualquier otra, de hecho lo es. Inclusive otras empresas coinciden en que ninguna otra ha sido tan favorecida ni ha llegado tan lejos. Ahora inclusive se expandió a nuevos negocios con los que nunca tuvo que ver, como concesiones viales y medios de comunicación. En 2001, facturaba US$65 millones y una década después cuatriplica esa cifra, con aproximadamente unos US$300 millones anuales. Además hoy tiene tanto peso como Techint, Roggio y otros gigantes con mucho más antigüedad y experiencia en la actividad. Electroingeniería participó de los consorcios que construyeron la central nuclear Atucha II cuyo abultado presupuesto superó los $10.000 millones, fue asociada de Siemens, y luego denunciada ante la justicia por el pago de coimas y por sobreprecios en todas sus obras como la del interconectado Comahue-Cuyo, que costó aproximadamente unos $2.700 millones.

También se alzó con la obra de la represa Chihuidos en Neuquén, una obra de US$1.560 millones. Electroingeniería construyó el tendido eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado, que demando más de $700 millones. La Coalición Cívica detectó allí más sobreprecios y en este caso particular por montos superiores a un 48%. Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Pérez también pidieron investigar por qué el Estado aparte le entregó a Electroingeniería la explotación de esa línea de alta tensión hasta el año 2088. El juez federal Ariel Lijo archivó esa causa en diciembre pasado. De todas formas, no fue la única vez que la actuación del Gobierno terminó beneficiando a Electroingeniería. Pasó algo similar con Radio Del Plata, Transener, negocios en Venezuela y obras de EPEC en Córdoba. En febrero de 2008, Electroingeniería y Siemens se hicieron cargo de la obra de repotencialización de la usina Zanichelli. El contrato era de US$537 millones, 19% más de lo presupuestado. La provincia se quedó sin dinero para hacerla, entonces, la administración nacional de seguridad social, ANSeS, fue en auxilio de EPEC y le prestó, es decir, le otorgo US$300 millones más.

Al mismo tiempo que ganó esa obra, Electroingeniería estaba a cargo de hacer las centrales de Campana y Timbúes en la provincia de Sta. Fe. El Gobierno vetó a una firma estadounidense para que la mitad de Transener que vendía Petrobras fuera para Electroingeniería, junto a Enarsa. Luego, se mencionó a la empresa como interesada en Edesur y Metrogas, privatizadas que suelen tener problemas con el Ejecutivo. El ex candidato a gobernador Luis Juez dijo que el poder ejecutivo es el principal responsable, y el que beneficiaria próximamente las licitaciones de los gobernadores Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota. De hecho denuncio la construcción de un centro cívico de $500 millones en Córdoba capital. Asociada con la venezolana Inelectra y la local Sener, Electroingeniería se quedó también con la construcción de la usina de ciclo combinado Termozullia III, para la cual el gobierno de Hugo Chávez pautó un presupuesto de US$750 millones.