Importaciones

Podría hablarse de dos situaciones particulares, en el marco de la resolución General para las importaciones que impone la administración federal de ingresos públicos que empezaría a regir el mes que viene. La primera, de las situaciones es que resulta al menos curioso que algunas voces oficiales hayan justificado la controvertida resolución general 3252 de la AFIP en la necesidad de proteger la producción nacional. Más bien, el permiso previo que, desde febrero, exigirá la Aduana para dar curso a toda compra de insumos o bienes importados promete complicar terriblemente la actividad de empresas industriales y comerciales, muchas de las cuales ya venían sufriendo presiones para postergar importaciones o pagos externos. Así de esta manera, mediante la resolución el gobierno se arroga el derecho de decidir por los gerentes de compras qué, cuánto, cuándo y cómo importar. Y aunque nadie cree que este freno implícito llegará a todas las cadenas productivas, es fácil suponer que la proliferación de controles oficiales y sellos de autorización también desvelará a los gerentes de logística.

O sea, a los responsables de garantizar que los insumos importados estén disponibles cuando se los necesita, para no paralizar líneas o incumplir compromisos de exportación. En realidad, los nuevos requisitos apuntan al objetivo oficial de administrar el comercio exterior, lo que constituye a la norma como un eufemismo utilizado para justificar intervenciones estatales que eviten un mayor deterioro del superávit comercial y del stock de reservas del Banco Central US$46.400 millones, que equivalen a algo menos de un año de importaciones. Este propósito no es novedad. Ya había sido anticipado en diciembre por la presidenta Cristina Kirchner cuando creó la Secretaría de Comercio Exterior y designó para comandarla a Beatriz Paglieri, que sería más o menos la imagen femenina de Guillermo Moreno. Los importadores también estaban en alerta desde comienzos de noviembre, cuando un inédito piquete de despachantes de Aduana obligó a la AFIP a dar marcha atrás con una medida similar. La otra situación, es que resulta novedoso que los controles abarcan un universo más amplio que los 600 rubros protegidos por licencias no automáticas de importación y que los permisos previos para el resto pasarán por varios filtros oficiales.

Es imposible saber cuántos, ya que la RG 3252 establece la competencia de los organismos que adhieran, sin precisar cuáles ni en qué plazos; y también el criterio para aprobarlos o denegarlos, como ya ocurre con los enigmáticos controles cambiarios de la AFIP. La clave es que la Argentina como la mayoría de los países no se autoabastece de todo lo que produce, comenzando por muchos proyectos promocionados como de sustitución de importaciones. El sector industrial en su conjunto tiene un déficit comercial estructural, calculado en US$25.000 millones anuales. Así, la pretensión de controlar todas las importaciones puede ser pan para hoy y hambre para mañana, entraña riesgos tal vez peores que los que se busca evitar. La lista incluye la ya mencionada interrupción de líneas de producción, que algunas empresas utilicen como excusa para ajustar stocks, exponerse a represalias comerciales, que el exceso de burocracia aliente el contrabando o un sistema proclive a casos de corrupción. Y quizás el más relevante a mediano plazo es el freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos.