La ley de administración financiera prevé que el jefe de Gabinete puede efectuar las adecuaciones al presupuesto que considere necesarias, siempre que se respete el monto total aprobado por cada ley de presupuesto. Así basándose en la ley el jefe de gabinete puede realizar lo que se le ocurra con fondos públicos. Conjuntamente entonces, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial autorizaron al gobierno a realizar una nueva colocación de títulos de deuda por el equivalente a unos 3100 millones de pesos para pagar anticipos a proveedores y contratistas del Estado y ampliar asimismo el financiamiento para gastos corrientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El refuerzo, según consta en la decisión administrativa Nº 43/12 publicada en el Boletín Oficial, resulta necesario para realizar inversiones en obras de infraestructura energética, destinadas a la ampliación de la capacidad de transporte de los gasoductos troncales de la Argentina, como también para continuar con la ejecución de políticas inclusivas en materia de comunicaciones y cumplir con los objetivos establecidos para la Dirección General de Fabricaciones Militares, entendiendo que esta última es sólo para camuflar la realidad del destino de los fondos.
En rigor de verdad la distribución según lo establece el decreto, se realizará de la siguiente manera, se otorgará un refuerzo neto de 3050 millones de pesos en los créditos de la partida de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo y de 49,8 millones de pesos de gastos corrientes y de capital del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido, financiándolos mediante la colocación de títulos públicos a largo plazo. La normativa, no obstante, no indica cuáles serán la modalidad y los procedimientos para la colocación de los títulos ni tampoco qué tipo de bonos se utilizarán para la obtención de los recursos financieros. Aunque, generalmente, lo que viene sucediendo es que los títulos se colocan entre distintas administraciones del Estado, como por ejemplo, la Anses. Esta nueva decisión se toma en momentos en que la Argentina no tiene posibilidad alguna de acceso al crédito en los mercados financieros internacionales, tras el default y el canje de la deuda soberana, pero sobre todo como consecuencia de la deuda impaga con algunos acreedores y con el Club de París, al cual se lo viene esquivando desde hace más de cuatro años. También la crisis Griega, y de otros países de la eurozona deja poco margen para el apetito de los inversores internacionales por activos considerados de riesgo, como sería el caso de la Argentina.
La medida establece además una serie de readecuaciones presupuestarias entre programas de los organismos descentralizados del Ministerio de Planificación, en beneficio de la Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, y la de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones, ambas en la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con 72,5 millones de pesos y 28,1 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, se refuerzan en 50,8 millones de pesos las aplicaciones financieras de la Dirección General de Fabricaciones Militares, disminuyendo en igual cuantía las autorizaciones para gastos de capital del organismo, es decir, por un lado se asigna el dinero, y por otro al no permitir que se efectúen gastos del capital recibido, el mismo regresa a la misma caja de la cual salió. Por otra parte, Argentina y Brasil renovaron su convenio de intercambio de energía eléctrica y analizaron la posibilidad de que Petrobras explote gas no convencional en el país. Entre De Vido y su par brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao anticiparon que ambas naciones crearán un ente binacional para explotar la represa hidroeléctrica Garabí. Lo que nos hace pensar que igual que siempre esta obra binacional no se llevara a cabo y seguirán desviándose recursos al ministerio de planificación federal utilizando la obra como excusa para solventar gastos de cualquier tipo con dinero público.
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