La sin razón

El llamado “Proyecto X”, ya había sido admitido por el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, en una nota enviada al juez federal Norberto Oyarbide en respuesta a una denuncia por tareas de inteligencia ilegal de la fuerza durante el conflicto laboral en Kraft-Foods, radicada en ese juzgado en noviembre de 2011, por el partido de izquierda PTS, dirigentes gremiales y de derechos humanos. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, al igual que Schenone, luego de haber negado su existencia de forma pública se vieron obligados a defender la legalidad de la actuación de la Gendarmería en los conflictos sociales y afirmaban que el cuestionado Proyecto X, no era un plan secreto de espionaje sino una base de datos para la investigación de delitos complejos, y por ello obviamente no se había utilizado nunca para intervenciones en manifestaciones sociales. Sin escrúpulos por la falsedad de sus dichos, detalló que fue instalado en 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Toma era secretario de Seguridad. Como es común en el discurso de la administración nacional, Garre pateo la pelota intentando dejar claro que la culpa siempre la tiene otro.

Dijo que en 2006 el software debió ser actualizado y aseguró que desde 2009 no se le cargan más datos ya que fue reemplazado por un sistema para los tiempos que corren en el siglo XXI, aunque no especifico cual es ese nuevo sistema. También destacó que el software fue requerido por jueces y fiscales en 280 causas a lo largo de 5 años. Es tan conocido que lo denominan por su nombre original, dijo Garré en un giro que llamó la atención por la naturalidad que pretendió darle al asunto. Es que ella misma había advertido que aplicaría mano dura si se comprobaban violaciones a la ley. Las declaraciones de Garré no disipaban las dudas sino que embarraban aun más la cancha y por ello fue que la oposición renovó sus críticas, y muchos consideraron que las explicaciones de Garré no aclararon las tareas de infiltración, la realización de perfiles de los líderes y los “análisis” políticos de los conflictos. Garré convocó entonces a la prensa para exponer las conclusiones de la auditoría informática que ordenó sobre el “Proyecto X” en medio de fuertes presiones de la oposición que denunciaba la violación a la Ley de Inteligencia y del derecho a la privacidad de las personas.

La ministra expuso de pie con tono didáctico y sin apartarse en sus definiciones de la letra de un power point que le prepararon luego de concluirse la auditoría que encabezó el director nacional de Inteligencia Criminal, Gustavo Sibilla, quien también es su secretario de Planeamiento, y antiguo colaborador en el Ministerio de Defensa. Garre realizó la conferencia de prensa utilizando el formato único oficialista, en el que limitó las preguntas de la prensa, al permitir apenas tres, insistió en definir al “Proyecto X” como un software, solo una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información. Garré fue enfática en desmentir que el “Proyecto X” se financie con gastos reservados lo cual también es mentira al tiempo que afirmó que nadie había sido investigado por participar en manifestaciones políticas o gremiales y que en la base de datos no hay ningún dirigente político, sindical, ambiental o indígena. Precisó que el “Proyecto X” funcionaba en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería en Retiro, donde sus funcionarios fajaron el ingreso al lugar, copiaron la aplicación y la base de datos para bajarlo y auditarlo en otro lugar, tras desconectar el servidor.

Si realmente fuera tan conocido y utilizado por juzgados varios, cabe reflexionar respecto del motivo por el cual debió realizarse una copia de la base de datos, y finalmente desconectar los servidores, ¿o no? Diferenció que nada tuvo que ver la base de los gendarmes en Campo de Mayo donde funciona la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud). Reconoció que esta unidad es la que interviene en manifestaciones pero que siempre lo hizo por pedido judicial, y no tiene acceso al “Proyecto X”. En este aspecto indicó que hubieron 938 actuaciones que se abrieron con orden judicial sobre un total de 1.200, con lo que admitió que Gendarmería primero actúa “preventivamente” y luego le comunica a la Justicia, lo cual constituye una verdadera locura. Pero aseveró que esto no se agrega a las bases del proyecto X que es solo para delitos complejos, exclusivamente. De 938 actuaciones precisó que en 578 los jueces pidieron identificar personas y en 576 notificar e intimar a manifestantes que cortaban rutas. La auditoría sería enviada al juez Oyarbide, quien lamentablemente investiga la denuncia contra la Gendarmería.