marzo 05, 2012

¿Justicia?

Antes del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, del cual hablaremos más adelante y precisamente dentro del poder legislativo se dio una situación bastante particular que inclusive, logró esquivar la sintonía fina que impulsa la presidenta Cristina Kirchner para recortar algunos gastos excesivos del la administración nacional. En medio del asombro de toda la opinión pública, y lógicamente de la gente común, en momentos en los que además el gobierno planteaba aumentos salariales con topes preestablecidos los diputados y senadores, vieron sus recibos de sueldo del mes de enero con incrementos que alcanzaron algo más de un 100%. Y en otros casos hasta un 150%, lo que implica un promedio de ingresos de bolsillo en un rango desde los $30.000 a los $39.000. El nuevo alza salarial se concretó luego de aprobarse el aumento del presupuesto del Congreso de un 45% más que el año pasado, y gracias a una resolución conjunta que firmaron, a fines de diciembre, los flamantes presidentes del Senado, Amado Boudou, y de Diputados, Julián Domínguez. Según parece todo sucedió en respuesta al descontento de la mayoría de los legisladores, que denunciaban desde hacía tiempo atraso en sus dietas lo cual por supuesto resulta una tremenda mentira.

Hasta fines del año pasado, los senadores y diputados nacionales cobraban un ingreso promedio mensual de $15.000 a $17.000, sin contar el paquete de pasajes aéreos y terrestres, y además de beneficios como el de desarraigo lo cual hacía que alcanzarán una cifra promedio que rondaba los $60.000. Boudou y Domínguez les dieron la razón a sus colegas legisladores, al parecer las dietas estaban atrasadas. ¿Cuál fue la explicación?, según el vicepresidente no era posible que un diputado o un senador de la Nación ganase menos que un secretario del Poder Ejecutivo, o peor aún, que un empleado jerárquico del Congreso. Domínguez se hizo cargo de la Cámara baja, en diciembre último con la instrucción de instrumentar esta barbaridad. Que un gobierno que se jacta de la redistribución equitativa del ingreso permita una actualización de estas características no tiene ni pies ni cabeza. De todas maneras Boudou y Domínguez dispusieron en una resolución conjunta que el ingreso de un legislador debía ser un 20% superior al del máximo cargo de dirección de los empleados del Congreso. En la misma resolución se dispuso una reducción del 21% en el beneficio por desarraigo monto incluido en la dieta que reciben los legisladores del interior, pero se mantuvo intacto el cobro de pasajes, que equivalen a 20 tramos aéreos y otros 20 terrestres por legislador para movilizarse desde y hacia la Capital.

La controversia respecto de estos pasajes, surgió casi a mediados del año pasado cuando se supo que muchos diputados y senadores los vendían sumando a su ingreso un plus salarial en negro a razón de $552 que deben ser multiplicados por los 40 pasajes que tienen en el año. Es de sentido común actualizar las dietas al menos al nivel de un subsecretario de Estado, que cobra unos $30.000 mensuales o de un ministro que cobra $45.000, explicó Domínguez, que fue ministro de Agricultura hasta el 10 de diciembre pasado. La cuestión de las dietas ha sido desde siempre un tema complicado en el Congreso, debido al pésimo desempeño de su función que se les endilga a los legisladores, y a lo inoportuno de los aumentos, generalmente en medio de severos ajustes en la economía. Sabedores de que cualquier alza en sus ingresos es motivo de polémica, los acordaron en el mayor de los silencios. La decisión de Boudou y Domínguez de duplicar las dietas en un año de ajustes rompió todos los moldes, no sólo por la magnitud del aumento sino porque, además, se acabó la mentira.

Lo que se hizo fue sincerar una situación que nadie se atrevió a hacer pública por la polémica que este tema genera en la gente. Llegado fin de año, el presidente de la Cámara baja anticipó a sus colegas opositores su plan de aumento salarial para este año, sin embargo nadie lo imaginó posible hasta que lo vieron acreditado en sus cuentas bancarias. Todos, ninguno quedo fuera, oficialistas y opositores aplaudieron a rabiar los flamantes beneficios percibidos ya que según algunas voces el aumento firmado era de estricta justicia. Eso fue hacer justicia, ahora el oficial de policía con rango más bajo que debe cuidar a cada ciudadano hoy cobra un sueldo básico de aproximadamente $3000, debe comprar si lo desea un segundo uniforme y el chaleco antibalas reglamentario, eso si, se les descuenta de su recibo de haberes en cómodas cuotas. Parece que el concepto de justicia es demasiado grande para justificar semejante barbaridad.

No hay comentarios.: