Ciccone capitulo XI

La causa que se abrió para investigar un supuesto tráfico de influencias y otros delitos en el proceso de levantamiento de la quiebra de Ciccone y el paso de la empresa a manos de la firma The Old Found, de Alejandro Vanderbroele. Quedo por sorteo al frente del caso el juez Rafecas quien delegó la investigación en el fiscal Rívolo, que a su vez le pidió distintas medidas entre ellas el allanamiento a un departamento de Puerto Madero propiedad del vicepresidente Amado Boudou que se encuentra alquilado. Rafecas se equivoco y quedó envuelto en la polémica cuando su amigo, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, se presentó ante el Consejo de la Magistratura para entregar copias de mensajes intercambiados con el magistrado a través de un programa de chat telefónico, donde se hablaba de la causa y su evolución, mientras Rívolo investigaba y este letrado representaba a uno de los sospechados.

En el pedido de apartamiento de Rafecas, se argumentó que el juez habría perdido la imparcialidad en base a las declaraciones periodísticas hechas sobre el caso, y a los mensajes intercambiados con el abogado de uno de los investigados. El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, fue quien presentó ante ese cuerpo la denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, sobre la base de los cuestionamientos que recibió también  por parte del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. La presentación de oficio ingresó y fue analizada de inmediato por la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por el kirchnerismo, que tiene como competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Las sanciones van desde advertencias, apercibimiento y multas de hasta un 30% de sus haberes, hasta la elevación al plenario de los dictámenes de remoción y o suspensión.

Si el vicepresidente de la Nación, que es el segundo en la línea sucesoria del Ejecutivo, hace una denuncia de tal calibre es obvio que el Consejo de la Magistratura se tiene que abocar a la investigación. Los dichos del vicepresidente implican una gravedad institucional que el Consejo no puede soslayar. El cuerpo argumentó que el allanamiento de una de las propiedades del ex ministro de Economía en Puerto Madero estaba avisado, en línea con la acusación contra Rafecas realizada por Boudou, aunque se indicó que no pueden afirmar que haya sido el propio magistrado quien puso al tanto a la prensa sobre el operativo. El vicepresidente puso en duda de la imparcialidad del magistrado y eso es lo que estaba en tela de juicio, no la agencia de noticias, que puede ser una metáfora, que puede ocultar algo más profundo, se resaltó al analizar las declaraciones de Boudou en el Senado.

El oficialismo cuenta con el apoyo de seis de los trece integrantes del Consejo de la Magistratura, pero el representante de los abogados del interior del país en el Consejo, el radical Daniel Ostropolsky, ya consideraba que la denuncia era absolutamente imprudente y alertaba sobre los hechos por venir. Los consejeros no están para frenar la investigación contra el ex ministro de Economía por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública pero si para proteger la independencia del magistrado y por ello debían entenderse muy desafortunadas las declaraciones del Vicepresidente, quien desde el Senado había acusado a Rafecas de montar una agencia de noticias y lo había tildado de mafioso. Sin embargo esta razonable argumentación no lograría frenar lo que por lógica sucedería, porque lo importante no es el pedido de la defensa si no que quien ha intercedido directamente para blindar al vicepresidente fue la propia Cristina Fernández.