mayo 16, 2012

Ciccone, capitulo XI

Nació en 1968 y llegó a juez federal en 2004, cuando tenía 37 años, nombrado por el entonces presidente Néstor Kirchner junto al hoy ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, Julián Ercolini y Daniel Rafecas. Ariel Lijo se destaca en los tribunales de Comodoro Py por su relativa juventud, y así entonces la causa que indaga sobre una serie de medidas que beneficiaron a la ex Ciccone Calcográfica y en la que está investigado, entre otros, el vicepresidente Amado Boudou ya tiene un nuevo juez a cargo, Ariel Lijo, titular del juzgado federal número cuatro. El expediente recayó en Lijo, luego de que la Cámara Federal apartara de la investigación al juez Daniel Rafecas, recordemos que la separación del magistrado había sido solicitada por Diego Pirota, el abogado de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, a raíz de los mensajes sobre la causa que el magistrado había intercambiado con el abogado del propio Núñez Carmona y esos mensajes que intercambiaron Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe versaban sobre estrategias que eventualmente habrían beneficiado a Núñez Carmona y Boudou.

Tiene a cargo la investigación por las coimas pagadas por Siemens en la Argentina para quedar a cargo del contrato de la impresión de DNI. En el marco de esa causa, también llamó a indagatoria a Menem y a su ex ministro del Interior Carlos Corach y al ex director de Migraciones Hugo Franco, además de a 22 empresarios. Lijo ordenó recientemente la elevación a juicio oral la causa contra el ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano por presunto encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. El ex mandatario, el ex juez, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, Jorge "el Fino" Palacios y otros están acusados de de haber desviado de la investigación la denominada "pista siria", que apuntaba al empresario textil Alberto Kanoore Edul, conocido de la familia del ex presidente. Lo primero que debía resolver Lijo era si admitia que el fiscal Carlos Rívolo siguiera siendo el fiscal a cargo de la causa o aceptaba la recusación planteada por el amigo de Boudou a través de su abogado, aun no lo ha hecho. Entre otras cosas, Rívolo condujo el allanamiento que se hizo a la propiedad que el vicepresidente le alquila en Puerto Madero al empresario Fabián Carosso Donatiello, y que permitió confirmar que aparte de expensas, facturas de servicios, televisión por cable y de telefonía fija de ese departamento de Boudou fueron pagadas por Alejandro Vandenbroele, el titular de la ex Ciccone que reconoció públicamente ser conocido de Núñez Carmona y haber hecho negocios con él pero que nunca conoció ni conoce al vicepresidente. Por ese motivo el fiscal Rívolo debe quedar fuera de la causa.

La compañía, hoy denominada CVS, resultó beneficiada por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno. Primero, la AFIP pidió su quiebra y esta fue aceptada por un juez, pero poco después, la misma AFIP solicitó, con una inédita recomendación expresa de Boudou por entonces ministro de Economía, que se levantara la quiebra, cosa que ocurrió cuando el fondo The Old Fund consiguió un préstamo para hacerlo y Vandenbroele quedó al frente de la imprenta. La siguiente decisión con la que se benefició la ex Ciccone fue el millonario y controvertido contrato directo por el que el Banco Central le terminó adjudicando la impresión de billetes sobre la que hoy ya trabaja. La investigación por los vínculos entre el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la ex Ciccone no es la única que tendrá Lijo y que involucra al ex ministro de Economía, el mismo magistrado tiene las denuncias que hizo el propio Boudou contra el estudio jurídico de la esposa del ex procurador Esteban Righi y contra el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por supuesto tráfico de influencias. No será nada fácil para el juez Lijo tomar decisiones influenciado por un gobierno que defenderá hasta el final al corrupto vicepresidente.

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