Delgado también introdujo, respecto de los funcionarios ex funcionarios y directivos de las firmas, la figura del peculado, es decir que no los acusa sólo por un estrago culposo sino por un delito mucho más grave, penado con hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El peculado, es el delito que consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración fue confiada a los funcionarios en razón de su cargo, y en este caso según el fiscal, se trata de los fondos cuya administración estaban en cabeza de la Secretaría de Transporte. El dictamen elevado por el fiscal no toma como base o punto de partida las pericias conocidas sobre las causas del accidente sino básicamente los críticos informes públicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), desoídos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Incluso, para el fiscal, luego de cumplirse con los pasos formales del proceso, con esta prueba alcanzaría para someter a los acusados a un juicio oral y público. El concesionario hizo cuanto quiso, y no cumplió con las pautas básicas del contrato, en particular con las inversiones en mantenimiento. Sin embargo, la complicidad del ministerio de planificación federal no puede soslayarse. La cartera de Julio De Vido de la cual depende la secretaría transporte pese a todo derivó los fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar, resumía el fiscal en un párrafo de su extenso dictamen. Delgado tiene experiencia en la materia por cuanto fue acusador en una causa similar por el estado de la ex línea Roca, donde desarrolló esa misma línea y logró procesamientos confirmados por la cámara de apelaciones y donde ya pidió la elevación a juicio.
Además de los informes de la AGN, el fiscal sostuvo que hubo un alerta decisivo el 13 de setiembre del año pasado, cuando una formación de la ex línea Sarmiento embistió a un colectivo en Flores, pero todo permaneció igual. Delgado consignó los datos aportados por la AGN, en cuanto a los multimillonarios subsidios recibidos por TBA desde su aplicación, a partir de 2003. La cifra da $1924 millones, con 19 actualizaciones, cuyos motivos, según cita la AGN, nunca fueron debidamente explicitados. El dictamen admitía que la CNRT había realizado ciertos controles pero destaca que esa actividad no fue ejecutada por la Secretaría de Transporte. Esa complicidad, probablemente sumada a un pacto tácito, entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte disolvió cualquier chance de control real. El fiscal habló también de desidia, no se refirió precisamente al maquinista de la formación, que terminó herido al comando del tren, sino al rol que él atribuye al Gobierno. Y también hizo un paralelo jurídico con la tragedia de Cromañón, ocurrida años antes pero con un saldo mucho mayor de muertos. No hace falta ser jurista para entender que si el fiscal imputo a 30 personas responsables o no, olvida a uno de los principales culpables de este asesinato como lo es sin duda el ministro Julio De Vido.
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