junio 04, 2012

El escándalo parte XI

Dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y ciertamente el gobierno nacional se encuentra muy necesitado. Los escándalos, los dichos, las mentiras, la promesas, son a esta altura imposibles de sostener en un país que literalmente se caerá a pedazos si no se cambian muchas de las políticas de gobierno. Entonces y con la imperiosa necesidad de continuar ocultando verdades días atrás el juez federal Norberto Oyarbide obedeciendo órdenes del ejecutivo detuvo a Sergio y Pablo Schoklender por el escándalo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a quienes acusa de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos, para la construcción de viviendas sociales. Aproximadamente había pasado un año y la causa no se movía, pero ahora hace falta que lo haga para tapar los escándalos que rodean a la Casa Rosada. Sergio llegó solo a los tribunales de Retiro, se reunió con la defensora oficial Perla Martínez y antes de entrar al despacho de Oyarbide dijo que contaría todo lo que sabe y que respondería todas las preguntas del juez. El juez le leyó los cargos y lo dejó detenido. Schoklender reaccionó con frialdad, consultó con su defensora y finalmente se negó a declarar.

A media tarde lo llevaron al subsuelo de Comodoro Py y por la noche fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, y así Schoklender que desde el año 1995 no visitaba esas instalaciones volvió a pasar una noche en prisión. En aquel año terminó de cumplir la condena por parricidio. Oyarbide lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita destinada a defraudar a las Madres y del manejo irregular de las cuentas bancarias de la Fundación. También se da por probado que parte del dinero que giraba el Estado para las obras quedó en poder del entorno de los hermanos Schoklender a través de diversas maniobras financieras. Hay retiros de dinero en efectivo, transferencias a sus cuentas personales o de terceros, y a empresas creadas por ellos mismos. Las más importantes son Meldorek, la constructora con la que planeaba transformarse en un empresario y Antártica, utilizada para adquirir terrenos en José C. Paz. La extracción presumiblemente irregular de $13.333685 de una cuenta de la Fundación en el Banco Credicoop y el retiro por parte del mayor de los Schoklender de $1.550.000 de otra cuenta en el Banco Ciudad. Se mencionan transferencias millonarias e empresas hasta ahora desconocidas, como Cabaña Agropecuario el Zonda $44.260.939 o Agropecuario Monte León SA $23.580.624.

Oyarbide también le imputa al ex apoderado el desvío de dinero a distintas financieras, la falta de pago de las cargas sociales de los obreros, la falsificación de facturas, el desvió de materiales a casi una decena de propiedades que pertenecen al entorno de los Schoklender, y la compra irregular de terrenos. Pero lo que no incluyó Oyarbide en ningún momento, fue la responsabilidad que le cabe a la titular de la fundación quien de ninguna manera desconocía los hechos. Hebe de Bonafini se mostró satisfecha con las detenciones, aunque nada contenta debido a que su hija, María Alejandra, también debía presentarse a declarar en los días que siguieron a la detención, por la venta irregular de un departamento a la empresa Meldorek. Y así lo hizo. Cuando le llegó el turno Sergio Schoklender cumplió su promesa inicial, arremetió ante la Justicia contra Hebe y Alejandra Bonafini, al asegurar que la dirigente de derechos humanos tomaba las decisiones en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que su hija gestionaba la mayoría de los subsidios que la entidad recibía del Estado en carácter de empleada del Ministerio de Desarrollo Social. 

Dijo desconocer el manejo de las cuentas bancarias, ya que esa tarea estaba a cargo de áreas como la financiera o la contable, y que también respondían a Hebe de Bonafini o a su hija. También insistió ante el juez que conocía de cuentas bancarias en el exterior de Hebe de Bonafini y Mercedes Meronio, esta última vicepresidenta de la Fundación. El principal imputado en la causa dijo que las decisiones en la entidad las tomaba Hebe de Bonafini como presidenta del Consejo de Administración y Alejandra Bonafini, quien estaba citada para ser indagada el pasado jueves, también quedó procesada por asociación ilícita junto con los hermanos Schoklender pero seguirá en libertad.

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