Ciccone, capitulo XVII

El vicepresidente amado Boudou continúa sonriendo aunque cada vez tenga menos motivos para hacerlo. Dos instrucciones del juez Ariel Lijo, quien lo investiga por el caso de la ex Ciccone deberían haberle borrado la sonrisa definitivamente. La primera, fue la orden que impartió al sistema financiero para conocer los nombres de quienes pusieron el dinero para levantar la quiebra de la empresa que hoy sigue intentando imprimir los billetes de $100. Lijo le mandó oficios al mercado electrónico de pago para determinar quiénes realizaron las transferencias de fondos que le dieron oxígeno a la ex Ciccone. Hasta ahora, se sabe que en la causa comercial la empresa London Supply puso $1,8 millones que recuperó seis días después. Uno de los accionistas principales es Miguel Castellano, amigo de Juan Bautista Boudou, hermano del vicepresidente. London Supply es socia de Searen SA, la sociedad dueña del departamento del edifico Madero Center en el que vive Boudou. El pago de London Supply se hizo en septiembre de 2010. 

Lijo, además, quiere contestar a través de estas medidas las dos preguntas que el juez comercial de la quiebra, Javier Cosentino, no consiguió que le respondieran, quiénes son los nuevos dueños de la ex Ciccone y quiénes aportaron los $47,5 millones usados para pagar salarios y deudas antes de obtener contratos con el Gobierno. La empresa que se llama ahora Compañía de Valores Sudamericana sólo admite que la familia Ciccone se quedó con el 30% de las acciones y que la sociedad The Old Fund, cuyo rostro visible es Vandenbroele, adquirió el 70% restante. Reconocen que tiene una deuda de $51,5 millones y que el acreedor en parte es The Old Fund, que le prestó 47.548.460,75 pesos. El, fiscal Jorge Di Lello por su parte pidió que se lo investigara en la causa en la que se sigue a Sergio Schoklender por desvíos de fondos del Estado. Estas dos medidas se suman a otras ordenadas por la jueza María Servini de Cubría en un expediente en el que Boudou es también investigado por la compra de bonos cuando conducía la Anses. Lijo investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con su función porque está involucrado y de esta situación no deberían quedar dudas, en el salvataje de Ciccone, la empresa hoy a cargo de Alejandro Vandenbroele, a quien su ex mujer acusó de ser el testaferro del vicepresidente.

El juez también investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito de él y de su socio comercial, José María Núñez Carmona. Para saber si hubo lavado de dinero, Lijo le pidió intervención a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la unidad fiscal especializada, a cargo del fiscal Raúl Pleé. Lijo quiere saber el nombre de quién ordenó el envío de los fondos a través del sistema de mercado electrónico que utiliza el Banco Central. Además, citó a prestar declaración como testigos a empresarios y personas ligadas a las sociedades que están relacionadas con la ex Ciccone y ordenó reconstruir la historia de esas empresas, sus sucesivos accionistas y directores. El juez además enviará exhortos diplomáticos a Uruguay y Holanda. A las autoridades orientales les preguntó sobre la misteriosa sociedad de dueños desconocidos Dusbel, que irrumpió en The Old Fund días después de la muerte de Néstor kirchner para quedarse con el 50% de la ex Ciccone. El otro frente que se complicó para Boudou se dio en la causa en la que el juez Norberto Oyarbide investiga a Schoklender. Allí el fiscal Di Lello el mismo que está a cargo del caso Boudou pidió extraer testimonios de las declaraciones de Sergio y Pablo Schoklender y de su contador Alejandro Gotkin, que denunciaron la intervención de funcionarios en las maniobras denunciadas.

Gotkin, en su indagatoria, dijo que Schoklender llegó a pensar en darle un porcentaje del paquete accionario de Meldorek su constructora a Boudou, ante quien gestionaba un préstamo especial. También los Schoklender aludieron al pago de retornos a funcionarios. Y al mismo tiempo la causa contra Boudou en manos de Servini de Cubría cobró ritmo. Después de tener el expediente desde septiembre de 2011, la jueza pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la empresa Mirgor. Según la denuncia del diputado Claudio Lozano, la Anses compró en 2008 acciones de Mirgor beneficiando a terceros con información privilegiada. El señalado es el ex subgerente de Operaciones del organismo Hernán Fardim, que admitió en su declaración jurada haber adquirido el año anterior acciones de Mirgor por $1.400.000. Las acciones de Mirgor, según el denunciante, crecieron un 15% después de la compra por parte de la Anses. Estas denuncias de manejos irregulares de los fondos del sistema previsional refieren a un total de $4200 millones de la ANSES.