La caja más grande

Según la propia ANSeS el 58% de su presupuesto proviene de aportes y contribuciones y el 42% de impuestos que paga toda la población, pero el uso de ese dinero de los aportantes de hoy sin hacer previsión alguna para los jubilados de mañana por parte del gobierno alcanza actualmente un record histórico.            La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSeS es una caja enorme. La entidad recibe en su totalidad el dinero que aportan a ella para sus futuras jubilaciones unos 9 ½ millones de argentinos. Se prevé que para este año alcanzará un presupuesto de más de $200.000 millones, con los que se paga toda clase de beneficios, desde jubilaciones y pensiones, incluidas las de las Cajas transferidas, seguros de desempleo y asignaciones familiares. Pero de ese total, más de $55.000 millones anuales son para destinos muy diferentes al pago de haberes del organismo, como ser las Asignaciones por Hijo, las pensiones no contributivas y de ex Combatientes, cubrir los déficits de las cajas de Policía, FF.AA. y de Seguridad, planes de empleo, el plan de computadoras Conectar para chicos en edad escolar y ahora financiará también el nuevo plan de viviendas oficial, PROCREAR.

Además la ANSeS, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que maneja hoy $206.000 millones, financia los déficits del Tesoro Nacional y otorga créditos a empresas públicas y privadas, incluidas multinacionales, lo que justificaría que una parte de sus fondos se destinen al pago de beneficios y gastos que no tienen un financiamiento propio o específico. A principios de los 90, cuando el sistema era enteramente público como ahora, y se financiaba con más del 76% de recursos de carácter contributivo, aportes y contribuciones. ¿Por qué bajó entonces tanto la porción de los aportes y contribuciones? Por dos causas, la reducción de las contribuciones patronales, que se mantienen varios puntos por debajo de aquellas de inicios de los 90, y porque se han agrandado los gastos y beneficios que no tienen un financiamiento propio y se cargan sobre la ANSeS. Por eso se cedió al organismo la recaudación de parte de varios impuestos, que ahora son recursos propios de la Seguridad Social, salvo que se decida restituir la contribución patronal en sustitución de esos ingresos. Más allá del origen de los fondos, también se incrementaron los pagos que se hacen a través de la ANSeS que no tienen un aporte contributivo propio y que otorgan otros Ministerios u organismos.

Por ejemplo, los $17.500 millones anuales de las pensiones no contributivas que otorga Desarrollo Social que se llaman así pues no tienen un financiamiento propio, esas pensiones en 2001 eran 300 mil, hoy suman 1,1 millón. Lo mismo pasa con los déficits de más de $20.000 millones de las Cajas Provinciales no transferidas o la de las FF.AA. y de Seguridad, o con la Asignación Universal por Hijo, creada por la administración Kirchner, son $11.691 millones que no tienen una base contributiva propia, ya que se afrontan con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de capitalizar al propio Fondo. A todo eso se suman $1.300 millones para planes de empleo y el Plan Conectar Igualdad, de computadoras para estudiantes, presupuestado en $3.223 millones. El FGS está compuesto de bonos, acciones, plazos fijos que en su mayoría provienen del proceso de estatización de las AFJP de 2008, es por eso que el FGS corresponde a los aportes de los trabajadores que fueron a las AFJP, son también un recurso propio de la Seguridad Social, no de rentas generales. La Corte Suprema intimó a la ANSeS que le informe en plazo no superior a 30 días sobre la composición del FGS y los desembolsos del organismo, así como sobre la cantidad de juicios que afronta.

Es que el organismo carga también con un gran pasivo, de los cientos de miles de demandas de jubilados y pensionados que reclaman por la mala liquidación de sus haberes. La Corte requirió esa información para decidir si extiende o no a todos los jubilados los reajustes de haberes ordenados por la propia Corte en los casos como el de Badaro, y de Eliff entre otros. Pero rápidos de reflejos desde la ANSeS le advirtieron a la justicia, que si se extiende esa doctrina a quienes les corresponden, algo más de un millón de jubilados el sistema colapsaría. Según sus cálculos, aparentemente hoy hacer frente a la generalización del caso Badaro, le implicaría a la ANSeS un desembolso de $17.000 millones anuales, sin sumar las retroactividades. Así se justifican, y dicen que pagarlos sería fundir al organismo, ¿pero financiar vagos con planes sociales o usar muchos más fondos para los créditos PROCREAR, no haría lo mismo?