LA PELEA ENTRE EL GRUPO CLARIN Y EL GOBIERNO

Sobre el “per saltum”, a ver, el senador Aníbal Fernández explicó que no existía relación con lo sucedido durante el gobierno de Carlos Menem, y en parte es verdad, lo de Menem posibilito la privatización de Aerolíneas, nuestra aerolínea de bandera recuperada que nos representa un gasto superior a los US$4 millones de dólares mensuales. En esta oportunidad se trata de una acción contra un grupo monopólico y destituyente, pero o yo estoy muy equivocado, o el modo es el mismo y sólo los intereses cambian.             Me parece que el uso en este caso de un recurso extremo como el per saltum para forzar resolver un pleito jurídico contra el Grupo Clarín, o de quien se trate encubre una mentira dolosa con el único propósito de imponer los deseos de un gobierno desesperado, y de una jefa de estado con serios problemas psicológicos que la impulsan a cumplir la promesa eterna hacia su difunto marido, para lo cual se vale de todos y cada uno de los inútiles en cuanto estadio de poder del estado cuente, no importando la constitucionalidad del acto, solo importa el castigo ejemplar y la manipulación mediante un despotismo casi demencial. Por lo pronto se me ocurre pensar qué pasaría, o si no sería mejor antes de saltear pasos para llegar directamente a la corte que el ejecutivo empezará por respetar sus fallos. Y a este respecto los ejemplos, sobran: “La corte ordenó el pago del 82% móvil para los jubilados”, y luego de haber sido aprobada en las dos cámaras la Presidenta veto la ley con el argumento de que el país se fundiría. “La corte ordenó al gobierno incluir al diario Perfil en el reparto de publicidad oficial”, y aún hoy todo está como era entonces. “La corte ordenó en cuatro oportunidades la restitución del Procurador de la provincia de Santa Cruz” y todavía estamos como cuando vinimos de España. 

La pregunta del millón seria ¿Qué garantías tenemos de que el gobierno nacional en el caso de un fallo contrario a sus intereses lo fuera a respetar, considerando estos antecedentes? Y si acaso se habilita el per saltum, no sería mejor que el primer tema a tratar fuera el caso Ciccone y su relación con el Sr. Vicepresidente Amado Boudou, por la gravedad institucional del mismo, o la responsabilidad a los funcionarios en la tragedia de Once, no sé, se me ocurre. Es de gravedad institucional pretender desfinanciar a un grupo empresario "enemigo" del poder de turno cuando que existe una medida cautelar aceptada por la Corte y otros no se han ajustado a la ley de medios pero sin recurso de amparo ni medida cautelar y el gobierno no presiona sobre ellos. Para concluir, quisiera hacer otra vez un poco de memoria. Y entonces recordemos quién es este personaje; Aníbal Fernández, era intendente de Quilmes cuando, en octubre de 1994, el juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Elicabe ordenó su captura por falsificación de documento público. ¿Cuál fue la reacción del posteriormente ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Jefe de Gabinete y hoy senador? Se dio a la fuga. Huyó de su despacho en la intendencia oculto en el baúl de un automóvil y estuvo prófugo por 48 horas, escondiéndose en casa de un amigo. Luego en 1995 increíblemente fue sobreseído por falta de mérito. Recordemos además que Aníbal Fernández fue funcionario de Duhalde desde 1997 fue Secretario de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, y luego, durante la presidencia de Duhalde, fue Secretario General de la Presidencia primero y Ministro de Producción después. ¿Qué intenta defender el senador Fernández? Lo que sea que intente defender, no tiene autoridad moral para hacerlo.