EL MODELO BRASILERO

Mientras en la Argentina se suceden uno tras otro los escándalos de corrupción sin consecuencia alguna para los funcionarios involucrados, en uno de nuestros países vecinos la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ordenó la destitución o separación del cargo de varios funcionarios públicos, entre ellos la jefa del Gabinete de la Presidencia en San Pablo, a partir de una investigación de la Policía Federal que desbarató una organización delictiva que se infiltró en agencias federales. Es increíble pensar una situación similar a la república Argentina aun cuando los escándalos son de la misma magnitud, sin embargo la administración nacional los encubre y protege a los funcionarios involucrados. La decisión de la mandataria de Brasil fue confirmada en un comunicado de prensa, luego de que la Policía Federal realizara una operación en la que fueron arrestados seis de los 18 acusados de integrar la red de corrupción, según informaron las agencias Efe y la estatal ABR. La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que supuestamente están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.

Entre los acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac). Por determinación de la Presidencia, todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones, según el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto. Rousseff también determinó que todos los organismos citados en el proceso inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota. En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado determinó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios. Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando asumió. La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, había sido secretaria del ex ministro de la Presidencia José Dirceu, quien es otro de los casos de estas características que vienen sucediendo y que este mes fue condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país. También fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión. La Policía Federal llegó a realizar una inspección en la sede del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo para buscar documentos que puedan ser usados como pruebas.

La red de corrupción, de acuerdo a las investigaciones, sería encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la Agencia Nacional de Aguas y el segundo de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dos de los arrestados y que también perdieron los cargos y los fueros. La organización también tendría ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación. Según el superintendente de la Policía Federal en Sao Paulo, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos a la medida para favorecerlos. La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos US$145.000) por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial. El funcionario aceptó y recibió parte del pago, pero después se arrepintió, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal. Como decíamos al principio situaciones más graves que estas, como por ejemplo el caso de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de fondos públicos, y defraudación al estado son algunas de las causas que se le imputan al vicepresidente de la nación. Pero en buenos aires todo está como era entonces.