Al mismo tiempo se agregaron las
contradicciones desde el Gobierno que planteó en forma pública Gustavo López,
quien afirmaba que el juego armónico de las normas que hay en Argentina, haría imposible la habilitación de Telefónica
como licenciataria de medios en el país. Sugestivamente, y generando aún
más confusión la propia televisora aseguraba en un comunicado que Telefe y las
sociedades que conforman su voluntad social, Atlántida Comunicaciones S. A. y
Enfisur S. A., habían documentado ante las autoridades y organismos competentes
que no poseen participación alguna, ni
relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público,
nacional, provincial o municipal. Sin embargo en su blog personal, “Cultura y Medios”, el subsecretario
López había publicado un extenso editorial titulado “El caso Telefónica”, donde
aseguraba que la ley de medios impedía
la participación como socio de una licencia audiovisual a las personas poseedoras
del 10% o más de las acciones de una empresa prestadora de cualquier
servicio público. Y en el caso de Telefe, su controlante es Telefónica de
España, accionista mayoritaria de Telefónica de Argentina, empresa de servicios
públicos en el país.
Sabbatella, en sus dichos aseguraba
que Telefónica de Argentina y Telefe eran sociedades completamente
independientes, que operan en la Argentina con absoluta autonomía, así que
según su interpretación en este caso los canales no estarían controlados por
una empresa de servicios públicos. El titular del AFSCA desconocía aparte, que la
ley también se aplica para las empresas que tengan el control societario de los
licenciatarios. En este caso, ambas figuran en el balance de Telefónica de
España como empresas controladas al 100%. Además como si esto fuera poco el CEO
y presidente de Telefe, Juan Waehner, fue CEO de Telefónica Argentina hasta
febrero de 2012, cuando Telefónica de España lo designó para manejar sus
canales de TV abierta en Telefe. Otra de las contradicciones entre Sabbatella y
López fue la limitación del 30% que plantea la normativa al capital español. En
sus declaraciones el titular del AFSCA dijo que la ley de medios establecería límites
al capital extranjero, con la excepción a los capitales de países con los que
Argentina cuenta con convenio de reciprocidad, y/o aquellas empresas que
estuvieran establecidas antes de la sanción de la Ley de Bienes Culturales. Y
este es el caso de Telefe, ya que su constitución en el país es previa.
Pero López por su parte afirmaba que
con la sanción de la Ley de Bienes Culturales se habilitaba el ingreso de
capital extranjero hasta un máximo del 30%, por eso también seguían fuera de
tal posibilidad las empresas periodísticas extranjeras. Claramente no resolvía
el problema de Telefónica, que poseía el 100% del capital social. Bajo el
Gobierno de la Alianza, en mayo de 2001, Telefónica de Argentina reconoció que
tenía el control de Telefe. El entonces secretario general de la Presidencia,
Nicolás Gallo, le remitió al interventor del ex COMFER, Gustavo López, una nota
donde el presidente de Telefónica de Argentina, Carlos Fernández Prida,
planteaba la común preocupación respecto a la situación de las inversiones del
Grupo en el área de la radiodifusión en la Argentina. El ex interventor del
COMFER y actual subsecretario de la Presidencia de la Nación afirmaba en su
editorial que la situación de Telefónica de España como titular de medios en
Argentina constituye un caso testigo de
la concentración producida a partir de la década del 90’ en nuestro país y era
inadmisible la remota posibilidad que la empresa no tuviera que desprenderse
del canal.
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