DE 2012 PARTE IV

Continuando con la política establecida, luego de haber modificado la carta magna de la entidad monetaria el gobierno nacional ordenó al Banco Central girar en diciembre pasado más de US$3.500 millones correspondientes al pago del cupón PBI según se informó oficialmente. La Secretaría de Hacienda depositó U$S3.520 millones para el pago y la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont realizó la transferencia de ese dinero a Estados Unidos. La presidenta Cristina Kirchner había asegurado que contra todas las maniobras desde adentro y afuera el país iba a pagar más de U$S3.500 millones de dólares a los tenedores del bono vinculado al Producto Bruto Interno (PBI), lo que olvidó mencionar es lo antes dicho, el pago se realizó una vez más con reservas del banco central. Lo que en otras palabras, podríamos explicar como una obligación, se anuncia como un festejo. Pero hacer frente a los pagos de las obligaciones que el país tiene para con compradores de deuda soberana no es algo que debamos festejar. Tras la confirmación del pago, los cupones atados al PBI subieron con fuerza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con alzas del 3,8% para los nominados en dólares bajo ley de Nueva York; de 6,43% para los que fueron lanzados en pesos; y de 1,8% para los nominados en euros.

Después de cumplir con este vencimiento, el ratio de deuda con privados en moneda extranjera léase, dólares, euros y yenes, en términos de PBI, quedará en 8,8% para la Argentina, precisó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. En medio de la disputa legal que mantiene el país en Estados Unidos con fondos de inversión que desistieron de ingresar a los canjes de deuda de 2005 y 2010, el juez del distrito de Manhattan Thomas Griesa llegó a condicionar el pago del cupón PBI, al solicitar una garantía para los especuladores. Palabras obedecieron, a la posibilidad de embargo del dinero destinado a esta cancelación había sido parte del último escrito de Griesa, quien pretendía que el gobierno nacional realizara un depósito de garantía de U$S1.330 millones, en favor de los fondos liderados por la firma que mantenía embargada la Fragata Libertad desde el 2 de octubre pasado en Ghana. De todos modos, la Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó un pedido de Argentina de no innovar hasta que se defina la cuestión de fondo, lo que dejó a salvo todos los vencimientos de deuda hasta febrero de 2013. En esta disputa, la Casa Rosada sumó como nuevo aliado a los Estados Unidos, que por intermedio de su Departamento de Estado y el Tesoro realizó una presentación acompañando la posición argentina ante la Cámara de Apelaciones.

De este modo, el Gobierno logró cerrar un año con abultados vencimientos por los servicios de la deuda, por un total de U$S11.478 millones en concepto del Boden 2012, los Cupones del PBI y los pasivos con organismos multilaterales de crédito. Abogados del gobierno estadounidense pidieron a la Corte de Apelaciones neoyorquina un plazo para presentarse en favor de que los jueces revieran el fallo de Griesa que respaldó en un principio la posición de los fondos de inversión. Los letrados del gobierno de Barack Obama señalaron que, en concreto, necesitan tiempo hasta el 28 de diciembre próximo pasado para realizar la presentación ya que la misma requería de la aprobación del funcionario que representa a la Casa Blanca ante la Corte Suprema de su país. De todos modos, el gobierno de Estados Unidos ya había adelantado en su presentación a la Corte de Apelaciones, que el "trato igualitario" que la Justicia norteamericana había avalado hasta el momento entre los holdouts y los bonistas que entraron a los canjes de deuda argentinos tendrían sin duda efectos adversos y un fallo definitivo de ese tipo afectaría negativamente futuras reestructuraciones voluntarias de deuda, la estabilidad de los mercados financieros internacionales y el repago de préstamos extendidos por instituciones financieras internacionales.