NEGOCIOS SUCIOS

El gobierno del ex presidente Chávez ha financiado de formas diversas a varios proyectos económicos de la Argentina. Uno de los menos conocidos unió en Caracas a Buenos Aires con Teherán y generó sospechas en el Congreso de los Estados Unidos. Algo que a priori podría parecer sólo un dato curioso e investigable esta lejos de serlo, y situaciones como ésta han sido un proceso se convirtió en una tradición de negocios poco transparentes entre los gobiernos de los Kirchner y Chávez, que generaron denuncias de la oposición e investigaciones de la Justicia aun cuando ninguna de ellas haya tenido repercusiones de gravedad para ninguno de los dos gobiernos. El 24 de junio del 2010, el ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, le envió a Chávez un documento en el que evaluaba la marcha de los acuerdos “de la República Bolivariana de Venezuela con la República Argentina y la República Islámica de Irán”. El proyecto consistía en el financiamiento de la instalación de fábricas argentinas e iraníes en Venezuela. El proceso se inscribía dentro del llamado “Plan 200 fábricas socialistas”.

Las compañías argentinas que abrieron sucursales venezolanas con apoyo económico de Chávez se dedicaban en aquel momento al procesamiento de alimentos y a la metalurgia volcada a la producción petrolera. Las fábricas iraníes tenían supuestamente objetivos similares. En aquel documento el ministro Menéndez le contó a Chávez que debía “actualizar los recursos financieros para garantizar el cronograma de trabajo”. El escrito también especifica que los convenios de financiamiento de las fábricas de Argentina e Irán fueron negociados en forma separada con las “embajadas y equipos técnicos” de cada país. Chávez accedió al pedido de su funcionario Menéndez y liberó fondos millonarios para esta cuestión. Incluso de su puño y letra indicó en una nota de dónde se debía sacar el dinero para avanzar con el plan, “Bs 645.487.766,38 más US$14.253.455, todo esto del fondo Chino Venezolano”, señaló con letra imprenta. El escrito enumera cuáles son las primeras fábricas argentinas que ya se habían instalado en Venezuela gracias al aporte de fondos del gobierno de ese país. Entre otras, se menciona a “Kariña”, una recuperadora de tuberías petroleras; y a “Cerro La Gloria”, dedicada a la transformación de cereales, oleaginosas y vegetales. Se enumera además cuáles serian las otras firmas que gracias al nuevo financiamiento aprobado por Chávez se instalarían en Venezuela. También se nombra a seis fábricas de Irán que estaban trabajando en el país caribeño en ese momento.

A los pocos meses, esas compañías quedaron bajo sospecha de EE.UU. El 8 de julio de 2011, un grupo de legisladores de EE.UU. le envió una carta a la entones secretaria de Estado, Hillary Clinton, le pidieron que investigue si a través de Venezuela la Argentina había iniciado negociaciones de cooperación nuclear con Irán. Ileana Ros-Lethinen, Connie Mack y David Rivera, le dijeron a Clinton que tenían información de que en 2007 el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, había pedido a Chávez “interceder ante Néstor Kirchner para cambiar la política de Argentina para permitirle a Irán tener acceso a tecnología argentina (en materia nuclear)”. La sospecha de los congresistas era que las fábricas de Irán financiadas por Chávez eran en realidad una pantalla para realizar acciones conjuntas sobre energía nuclear. Argentina negó tener terminantemente que existieran relaciones con Irán en ese sentido. Pero, como todos sabemos poco tiempo atrás por algún motivo que obviamente nadie desconoce, efectivamente Cristina Kirchner se acercó a Ahmadinejad y firmó el repudiado acuerdo sobre el atentado a la AMIA.