“LOS FONDOS BUITRE”

Años de desafío de Argentina no pueden ser curados con una retorcida oferta para dar a los demandantes aún más bonos de Argentina que valen centavos de dólar. Así los llamados fondos "buitres" rechazaron ante la justicia estadounidense la propuesta de pago de Argentina en el juicio por bonos en default desde 2001, exigiendo que se cumpla el fallo que exige al país abonar US$1.330 millones de capital e intereses adeudados. La orden del tribunal no fue en ningún modo un abuso de discreción y debe ser reafirmada, como lo dispusieron los tres jueces federales de segunda instancia a inicios del mes pasado. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York ratificó a fines del año pasado una orden del juez federal Thomas Griesa para que NML Capital y Aurelius cobren de inmediato y en un solo pago US$1.330 millones de dólares de capital e intereses adeudados por Argentina por bonos en default desde 2001. Acosado por esos dos fallos adversos, que amenazan con provocar un nuevo default de la deuda argentina, el Gobierno argentino ofreció a fines de marzo a los fondos que denomina como "buitres" un pago en las mismas condiciones del canje de 2010.

La propuesta presentada por la Argentina ofrece una forma de compensación a los bonistas que están litigando contra el país en línea con el canje de 2010. El valor de la propuesta, según la Argentina, era de US$ 210 millones al 1 de marzo de 2013 (aunque aumentaría si el litigio terminase y el valor de los bonos mejorase), frente a los aproximadamente US$ 1.400 millones de la sentencia interlocutoria de Griesa (pre-judgement award). Recordemos que la Justicia federal de EE.UU. ha determinado que la Argentina violó dos cláusulas distintas de su contrato con los bonistas: la obligación de pago y de trato igualitario (pari passu). Cada incumplimiento puede tener un remedio distinto, y saneado un incumplimiento el otro puede permanecer sin solución total o parcialmente. En los primeros escritos de este expediente, la Argentina negaba estar en violación a la obligación de trato igualitario, obviamente reconociendo estar en incumplimiento con su obligación contractual de pago. En los últimos, ya con dos fallos en contra, cuestionaba que el tribunal use el remedio a la violación al pari passu para curar el incumplimiento de la obligación de pago. Para cumplir con la cláusula de 'pari passu' establecida por el juez Griesa, que implica equidad para todos los acreedores, el país incluyó en su propuesta la opción de un bono con descuento con vencimiento en 2033 y una tasa de interés de 8,28%, además de prometer pagar intereses caídos desde 2003. Pero NML Capital y Aurelius indicaron en su respuesta que la propuesta argentina sólo sirve para demostrar que no respeta sus obligaciones asumidas de manera voluntaria o la ley. Tras esta presentación de los fondos de riesgo, el tribunal puede expedirse en cualquier momento. El Gobierno ya advirtió que no aceptaría un fallo desfavorable que le obligue a pagar el 100% de lo adeudado, ante el riesgo de sufrir un aumento inmanejable de hasta 43.000 millones de dólares en su deuda por posibles reclamos de bonistas que entraron en los canjes y que se sentirán perjudicados.

Sin embargo eso está muy lejos de ser así pues en el canje de 2010, los bonistas fueron obligados a tomar una quita, voluntaria, y renunciar expresamente a cobrar cualquier saldo luego, y el proceso de entrega de los nuevos bonos estuvo supeditado a la revisión de las cartas de los bonistas que ingresaban el canje renunciando a hacer reclamos futuros. El tribunal de apelación también ha dicho que no se obligará a los bonistas a tomar una quita sobre los montos previstos contractualmente con ellos por la República. ¿Cómo podría funcionar entonces la propuesta del 85% de quita que hace la Argentina ahora? Sobre la base de todos los antecedentes de este expediente, lo esperable sería que el tribunal no obligue a que los bonistas demandantes renuncien a cobrar lo contractualmente debido. En teoría, el tribunal podría obligar a la Argentina a pagar lo que el país manifiesta que pueda pagar ahora y dar por saldado el incumplimiento con su obligación bajo el pari passu. El saldo, en tal caso, debería ser cobrado por los litigantes en la medida en que puedan al ejecutar las sentencias que han obtenido contra la República.