MANOTAZOS DE AHOGADO

El juez federal Ariel Lijo rechazo un pedido de excepción de falta de acción interpuesto por la defensa del vicepresidente de la Nación, en donde se sostenía que se debía dictar un “sobreseimiento” por “atipicidad legal” de su conducta. Afortunadamente en una medida rápida y sin dudarlo, la Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou, quien seguirá siendo investigado por el caso de la empresa Ciccone, hoy estatizada y a cargo de la impresión de billetes. Lijo que lleva delante de manera lenta la causa sostuvo, “que la vía intentada por los abogados de Boudou para cerrar la causa en la que está investigado no era la idónea para pedir el sobreseimiento, por entender que esta solución legal es excepcional y sólo está reservada para aquellos casos en los que la investigación versa sobre hechos manifiestamente atípicos”. Cierto es que en esta causa existe una cantidad de situaciones atípicas, pero todas ellas apuntan cada vez más a ratificar la culpabilidad del vicepresidente de los hechos que se le imputan. El vicepresidente está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del procedimiento que se instruyó para levantar la quiebra solicitada por el propio Estado contra la empresa Ciccone y darle una serie de facilidades de pagos nunca conocidas en la historia, y menos dentro de las facultades del ministerio de economía, que levantaron algunas sospechas. Fue Boudou quien, siendo ministro de Economía, se interesó para que la empresa The Old Fund, que había adquirido la imprenta, se beneficiara con un plan de pagos de su deuda impositiva. La firma The Old Fund quedó representada por Alejandro Vandenbroele, amigo personal de vice, aunque todavía se lo menciona sólo como un conocido y no como realmente es un amigo de Boudou de su juventud.

Se lo menciona solamente como amigo personal de otro amigo del vicepresidente el abogado, José María Núñez Carmona quien había ocupado el departamento que el vicepresidente tiene en Puerto Madero. El juez Lijo ordenó el cruce de llamados e informes de distintas entidades públicas para analizar la cadena de sociedades que aparecen en la operación. Fue por eso que hasta ahora no ordenó el peritaje contable que le exige la defensa de Boudou. Ahora, ante este intento de Boudou por decretar su inocencia, el juez Lijo rechazó “el remedio procesal” buscado y a su vez explicó que “el planteo de una excepción es el ejercicio del derecho de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación procesal, denunciando algún obstáculo o deficiencia que se base directamente en una norma de derecho”. En ese sentido, dijo el juez,“la excepción de falta de acción es una facultad defensiva cuyo fundamento es permitir decisiones anticipadas cuando, durante el transcurso del procedimiento se verifica la inutilidad de conducirlo adelante hasta su terminación, cuando se demuestra que no es necesario obtener la decisión final pues ya se conoce, anticipadamente, el fracaso de la imputación como solución del caso o la imposibilidad de proseguir la marcha procesal legítimamente”. El juez concluyo su explicación y sostuvo que, de esta manera, en un caso así “al realizarse una imputación a una persona determinada lo que se le imputan son hechos o conductas del mundo real, no calificaciones jurídicas”. Al rechazar la pretensión dejó en claro que la conducta atribuida a Boudou corresponde ser investigada porque constituye de hecho un delito previsto en el Código Penal. En base a la solicitud de la defensa del vicepresidente el abogado Ricardo Monner Sans hizo una denuncia penal. Recordemos, que en un principio por maniobras del Gobierno para defender al delincuente, fue echado el ex procurador General de la nación, Esteban Righi, apartado de la investigación el juez original de la causa, Daniel Rafecas, y el fiscal Carlos Rívolo, quien originalmente fuera el motor de la investigación actualmente casi detenida.