julio 18, 2013

LOS BONOS EN DEFAULT

Mientras se espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa  iniciada por los llamados fondos buitre, el gobierno argentino presentó una apelación ante la Corte Suprema de EEUU en contra del fallo de dicho tribunal que avaló al juez Thomas Griesa en octubre del año pasado, en cumplimiento de los plazos formales previstos por la justicia norteamericana. El Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, indico que la Argentina presentó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de Nueva York y que fue un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012, cuando aún se aguarda un fallo definitivo. Estos movimientos del equipo económico, que trabajó contra reloj para presentar el escrito, marca la pauta de que el juicio que enfrenta el país contra los fondos buitre se extenderá en el tiempo, al margen del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se podría concretar en las próximas semanas.

La Argentina estiró la presentación del recurso hasta el plazo de vencimiento previsto de manera de no anticipar los argumentos de una futura apelación contra la resolución definitiva de la Cámara, que aún no se produjo, y que de acuerdo al resultado podrá ser objeto de otro recurso posterior también ante la Corte Suprema. La presentación de la Argentina atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaban decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, afectaban cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema. El escrito sostenía que si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, supuestamente esta acción iría más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley. También se afirmaba que, si una Corte Federal podía emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, iba así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias. Con este pobre escrito presentado a modo de apelación, el estudio representante de la Argentina intentaba seguir dilatando el fallo definitivo. El mismo Lorenzino manifestó, en este sentido, que recurriríamos a todas las instancias legales que fueran necesarias, incluida la de la Corte de los EEUU, para cumplir con los acreedores que confiaron y confían en la Argentina, aunque habría que preguntarle al ministro de que acreedores habla.

En el mundo hoy nadie confía en el país, por eso será muy difícil que el fallo sea favorable de alguna manera a la Argentina. Tanto es así, que la propia Presidenta ha reconocido públicamente que no utiliza el avión presidencial por miedo a un embargo, si, Cristina no viaja en el Tango 01 por temor a que sea embargado. También se especuló con el posible efecto negativo que tendría sobre las plazas financieras internacionales, y un posible efecto sistémico sobre otras reestructuraciones de deuda situación que resulta cada vez más lejana a la realidad del fallo final. Pocos días atrás, y como era de esperarse la corte rechazó la apelación Argentina motivo por el cual lo único que queda por esperar es la decisión final, ninguna especulación respecto de el resto del mundo vale para el caso en Argentina, lo que no logra entender el gobierno nacional resulta una cuestión básica de los mercados internacionales, “cuando uno contrae una deuda con quien fuere, debe honrar los pagos de la misma”. Argentina se endeudó, emitió títulos, y no los pago. No hay mucho más para decir.

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