LAZARO, EL MEJOR AMIGO

Desde el 2009 a julio del año en curso, las empresas de Lázaro Báez recibieron directamente del gobierno nacional más de $2.100 millones de forma directa, según informó la agencia de noticias Opi Santa Cruz. Los fondos se depositaron en una cuenta en el Banco Nación sucursal Río Gallegos y se constituyó según el gobierno provincial en una “administración paralela” para la obra pública sin ningún tipo de fiscalización local.El mecanismo financiero fue confirmado desde la Gobernación santacruceña, “desde hace años los convenios los establece Planificación Federal y Vialidad Nacional de manera directa con las empresas, a la Provincia sólo le dejaron la inspección técnica y nos quitaron la certificación de obras y el pago de las mismas”, explicaron desde el Estado Provincial.   El quiebre institucional y político entre el gobierno y la provincia de Santa Cruz en el 2008 benefició de este modo al empresario hoy investigado por lavado de dinero. El responsable de iniciar la operatoria financiera según documenta OPI, fue el ex Ministro de Economía de la Provincia Juan Manuel Campillo (que fue presidente después de la ONCCA).

Por orden del ex presidente Kirchner, abrió una cuenta en el Banco Nación “con el fin de derivar por allí, en forma directa a la provincia (pero sin pasar por la Provincia) los fondos enviados desde el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, con destino a la obra pública y otros gastos de proveedores y servicios. La cuenta se abrió en el Banco Nación en febrero de 2009, con el Nº 43300515/11. Nación giró fondos provenientes mayoritariamente de Planificación Federal, por sumas de $500 millones anuales que tuvieron un solo privilegiado destinatario, las empresas constructoras de Báez, según consta en los registros y movimientos de cuenta publicados por OPI. Desde el 2008 se denuncio la creación de este mecanismo que escapa a cualquier tipo de fiscalización: y “se instaló ese sistema para darle un manejo extrapresupuestario a fondos a nacionales que llegaban a Santa Cruz, y se realizaron sendos pedidos de informe sin respuesta denunciando esta maniobra, con la cual evitaban controles provinciales sobre dichos fondos”. El gobierno Provincial por su lado, informó que el dinero destinado a obras financiadas por Nación comenzó a remitirse por medio de otros mecanismos cuando se produjo la confrontación con la Casa Rosada.

Las primeras disidencias comenzaron con los aumentos de sueldos otorgados por la administración provincial a los trabajadores estatales. Desde entonces los acuerdos los hace Planificación Federal directamente con las empresas, y provenía de antes cuando el Gobierno afirmaba que el dinero de obra pública se destinaba a aumentos salariales”. Durante el período 2004-2012 Austral Construcciones ganó más de 54 licitaciones, mayoritariamente rutas financiadas por el Estado Nacional, representando una suma superior a los $4.300 millones. La cantidad de obras adquiridas se organizan en cuatro zonas, sólo en un mes la empresa recibió en concepto de certificación de obras $56.197.469,78, los valores durante el 2012 han sufrido el “ajuste de mayor gasto” como figura en las certificaciones y se estima que en algunos meses se recibió más de $60 millones, según informaron fuentes de la Empresa. La discusión sobre los fondos para obra pública generó que los diputados kirchneristas impulsaran un proyecto de Ley llamado de “Intangibilidad” para prohibirle al gobernador Peralta que dirigiera para otros fines el dinero recibido para obras. Peralta vetó la Ley argumentando que ya no recibe dinero de Nación y que nunca ocupó dinero de obra pública para gastos corrientes.