EL CASO REPSOL

Por orden de la presidenta, funcionarios de algunos ministerios y el CEO de YPF intentaron avanzar en un plan para proponer un pago unilateral a Repsol por el 51% de las acciones expropiadas de la petrolera. Y aun cuando el gobierno español sabía que la Argentina intentaba estudiar un plan que consistiría en depositar una suma determinada a favor de Repsol, en ningún  momento se esperanzaron demasiado. La Argentina desembolsaría el equivalente a US$1500 millones, o menos, en una cuenta del Banco Nación. La cifra es sensiblemente menor a los US$ 10.500 millones que pide el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como resarcimiento. La respuesta no se hizo esperar y fue terminante, "Se les transmitió a los enviados de la Casa Rosada que ese movimiento sólo aumentaría la hostilidad y no frenaría los juicios internacionales que ya están en marcha". El pago le permitía al Gobierno cumplir con la ley local y según creían en despachos oficiales manifestar su voluntad de negociar. Pero a Repsol no le interesa la legislación local o la falsa voluntad de pago y mantuvo el litigio en el Ciadi. El encargado de fijar el monto fue el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el caso el mes pasado. Y podía emitir una conclusión hasta principios de octubre aunque lo hizo antes.

De acuerdo con la ley de expropiación, el Gobierno tiene 24 meses desde la nacionalización para determinar el precio de la petrolera. Hasta ahora pasaron poco más de 17 meses. Ese organismo fijaría un número que, en la práctica, provendría obviamente de una decisión política. El viceministro de Economía Axel Kicillof uno de los mentores de la expropiación, en su humilde opinión considera que Repsol es quien debería devolverle plata a la Argentina, y no al revés. La acusa de la transferencia de activos de YPF a Repsol y de un giro de utilidades excesivo, entre otras cosas, recordemos que este pobre muchacho en tres años de gestión en Aerolíneas Argentinas, no pudo confeccionar un solo balance. Raro sería que de la noche a la mañana expresará una idea coherente, pero bueno es lo que hay. En la otra vereda esta Miguel Galuccio, quien desde su llegada insiste en cerrar el capítulo de la expropiación. Si bien es crítico de la gestión de la firma española, cree que la Argentina debe hacer un pago para que la petrolera resulte creíble para los inversores. Coincide con Kicillof en un punto, no está dispuesto a pagar ni un solo dólar más que la oferta que ya le hizo llegar a Brufau, otro ridículo. Galuccio maneja la empresa con un ojo puesto en el mercado, por lo que quiere una salida amistosa. Pero considera que en Madrid no le dedicaron la atención que merecían las propuestas que hizo llegar desde su oficina en Puerto Madero, que por cierto fueron bastante pobres.

En la Argentina, creen que la permanencia de Brufau impedirá cualquier acuerdo. Sucede que Repsol tiene una previsión de US$7500 millones en sus balances por el juicio que espera cobrar en el Ciadi, y no tengamos deuda de que así sucederá. Las desavenencias entre la Argentina y España continuaron en la reunión del G-20, Cristina Kirchner esperaba cruzar algunas palabras sobre el tema con Rajoy, algo que no ocurrió. Galuccio inició el raid de negociaciones el verano pasado. Primero tendió un puente con Isidro Fainé, presidente de Caixabank, el mayor accionista minoritario de Repsol. El banquero se había reunido con la presidenta Cristina Kirchner. En junio, Galuccio vio a Emilio Lozoya, timonel de Pemex, dueña de 9,4% de Repsol, que llevó una propuesta al directorio de la española. Otra vez consistía en el pago de US$1500 millones más un 47% en una nueva sociedad controlada por YPF para explotar concesiones en el megacampo petrolero Vaca Muerta. La oferta, no prosperó de acuerdo con los números de Repsol. Entonces nuevamente surgió en los pasillos de la Casa Rosada la teoría del complot internacional contra Argentina. Pero la pregunta sería, ¿Cuándo entenderá esta gente que la prepotencia, y que enarbolar banderas absurdas tiene finalmente sus consecuencias?