Ciccone, capitulo XIII

Su presencia aun en el poder puede entenderse de dos maneras la primera, como un error personal que la Presidenta no aceptara, y la segunda porque Boudou sabe mucho más de lo que se sospecha en el círculo íntimo de Cristina. Pero lo cierto es que nunca antes el poder político de turno había influido tanto en la Justicia como lo está haciendo ahora para proteger al vicepresidente. El mejor ejemplo de esta aseveración es lo sucedido con el fiscal Carlos Rívolo, que tenía a su cargo la investigación sobre la participación de Boudou en la compra de la ex Ciccone y el juez Ariel Lijo, que ya había recusado a Daniel Rafecas, finalmente tomó la resolución de recusar al funcionario judicial que más trabajó en el caso Ciccone, que era Rívolo. Lijo inclusive excedió el plazo fijado para tomar la decisión sobre el destino del fiscal, ya que los plazos en la justicia federal son perentorios para el común de la gente, pero se consideran sólo orientativos para los jueces, es decir, pueden respetarlos o no. Todos estos retrasos no son buenos mensajes para la sociedad Argentina que viene reclamando por los interminables tiempos de la Justicia, pero por supuesto comienzan a reflejar lo que será a partir de ahora la causa contra el vicepresidente. El gobierno ha logrado hacer un lado al ex jefe de los fiscales, Esteban Righi (que no es ningún Santo), y al juez inicial Daniel Rafecas, y finalmente necesitaba sacarlo del caso a Rívolo.

El objetivo fue siempre Rívolo más que Righi, acusado por ejemplo de inacción por el propio oficialismo ya que permitió a Rafecas conceder todo lo que Rívolo le pidió. Por eso ninguna otra instrucción por hechos de corrupción política, como el caso Ciccone, avanzó tanto en apenas 45 días. Pero las medidas tomadas, han frenado en seco la investigación. Boudou hoy carece de toda influencia política en el propio gobierno que lo llevó al pináculo de la fama en apenas cinco meses. Hoy en la Justicia, ya hay dos investigaciones sobre actos de corrupción del actual vicepresidente y ex ministro de Economía, Boudou recibió la segunda imputación, esta vez por enriquecimiento ilícito. Ya el Banco Santander había confirmado que Vandenbroele pagó expensas del departamento de Boudou en Puerto Madero, alquilado supuestamente a Fabián Carosso, un abogado rosarino que vive en Madrid. Boudou dijo siempre que no sabía que Vandenbroele estaba en medio de ese alquiler, sin embargo resulta que Vandenbroele pagó parte del alquiler de ese departamento y durante cinco meses tuvo el servicio de cable a su nombre y tuvo también a su nombre el servicio de telefonía fija en el departamento de Boudou, ¿Pagó expensas, teléfono y servicio de televisión por cable del departamento de Boudou, pero no vivió ahí? ¿O fue Vandenbroele y no Carosso quien vivió en el departamento de Boudou? Y esto es más que una probabilidad, es un hecho.

Boudou está formalmente imputado y la carátula del expediente judicial comienza con su nombre y apellido, por ello más que su abogado defensor Diego Pirota es él quien quería sacar del medio a Rívolo. El gobierno de Cristina Kirchner está acosado por otros conflictos graves, que enervan a varios sectores sociales, ha dividido a los sindicalistas y retraído fuertemente la economía. La ex Ciccone en manos de amigos de Boudou y que preside Vandenbroele, aparentemente no tiene dueños, la Justicia ha intimado a los ex dueños que informen de inmediato quienes compraron la imprenta y en qué porcentajes. Con todo, el Gobierno avanzó y le confió la impresión de billetes de 100 pesos, que ya estaba tratando de imprimir pero por problemas técnicos de toda índole no podrá cumplir con lo pactado. Así personas desconocidas imprimen los billetes de los argentinos, nadie los conoce sólo se sabe que uno de los socios, Sergio Martínez, está prófugo de la justicia norteamericana por fraudes cometidos con tarjetas de crédito. Aparte la ex Ciccone debe aportes y cargas sociales y tiene una deuda impositiva desde 1994, cuyo pago se le está reclamando desde 2009. Carece, por lo tanto, de lo básico, un certificado de aptitud para ser contratista del Estado, igual el Gobierno la contrató pasando por encima de la ley.

Por si todo esto fuera poco, Agustina Kämpfer, la  novia del vicepresidente Amado Boudou, con quien convive en su departamento en Puerto Madero, está mencionada como una de las imputadas en la denuncia por enriquecimiento ilícito. Kämpfer lanzó una revista llamada Minga y registra en la dirección societaria la del departamento de Puerto Madero que comparte con Boudou. Ella no puede ser acusada por ese delito directamente, ya que es específico para los funcionarios públicos, pero el Código Penal prevé que pueden ser imputadas terceras personas cuando actúan como testaferros.

Los grupos concentrados de poder

Cristóbal López, íntimo amigo del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner ha tomado finalmente el control del canal C5N, que hace aproximadamente un mes compró a través de Grupo Indalo. El empresario petrolero y del juego kirchnerista que adoptó al perro de su amigo el ex presidente, ubicará a Fabián De Sousa como presidente de C5N. El nuevo titular de C5N es el vocero de Cristóbal López y su socio minoritario en los nuevos emprendimientos, que también gestiona. Ya tuvo reuniones con los gerentes del canal, donde fuentes cercanas a De Sousa aseguraron que les dijo que no iba a haber cambios de programación, porque las cosas van bien. Sin embargo, hay expectativa sobre lo que podría ocurrir, una vez que venzan los contratos, con programas independientes de la gestión oficial, como el de Marcelo Longobardi, que desaparecerá del aire ya que se sabe que habrá cambios, en línea con la mirada editorial del oficialismo.              

El plan es sencillo, en pocas palabras se trataría de que ciertos dirigentes políticos no tengan espacio como antes en los informativos y cobertura alguna por parte del canal. Los nombres son obvios y la lista esta encabezada por Mauricio Macri, Sergio Massa y algunos intendentes del conurbano que solían tener pantalla, ahora no ocuparán el mismo espacio periodístico aunque tengan comprada una pauta publicitaria. Hacia fin de año, cuando vayan venciendo los contratos, no se les renovará a los programas que sean vistos por el kirchnerismo como opositores al Gobierno o cercanos al gobernador bonaerense Daniel Scioli. El control de esta nueva política se dará a partir de que De Sousa se instale en sus oficinas como titular del canal. Después sería acompañado en su faz periodística por Antonio Laje que ya trabajó con Hadad, responsable del sitio Web Minutouno, que Cristóbal López adquirió hace seis meses. Grupo Indalo compró las acciones que Daniel Hadad tenía en C5N, Radio 10 y otras cuatro FM.

Pero la semana que viene solo presentará para que se apruebe la transferencia de las radios, ya que no considera necesaria la aprobación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para C5N. El planteo del grupo que maneja Cristóbal López será que la transferencia de las radios se enmarca en el artículo 161 de la ley de medios, que obliga a vender a los grupos que tuvieran más medios que los permitidos por esa normativa. Como Hadad tenía dos FM de más, entonces plantearán que AFSCA acepte la transferencia total de las cinco radios, sabiendo que tienen que vender las dos FM que superan las licencias permitidas. AFSCA tendría que reclamar a Cristóbal López la presentación de todo el paquete para su aprobación, incluyendo C5N, y que el organismo oficial podría haber aprobado la transferencia de hasta el 49,9% de esos medios, si se hubiera presentado antes de concretada la venta.

Pero ya no. Inclusive según la ley habría que analizar la posible caducidad de las licencias. En el Grupo Indalo confían en la decisión que tomarán los cinco directores de AFSCA, todos de probado alineamiento kirchnerista. Otra de las irregularidades, de la venta de las acciones de Hadad que fue en unos US$40 millones, de los cuales una parte ya se abonó, cuando se anunció el acuerdo, y el resto se pagará una vez que concluyan los trámites de transferencia, allí algo salió a la luz con esta venta, evidentemente Daniel Hadad no tenía el 100 % de los medios que gestionaba, sino alrededor del 50 % de C5N y el 54 % de las radios. Todo indica que fue vendiendo participaciones minoritarias a empresarios, como la familia Werthein de Telecom Argentina, Jorge Brito del Banco Macro, la familia Eskenazi de YPF e inclusive al mismo Cristóbal López, que tendría un 5% de C5N previo a esta compra, aunque nunca se informó de estas ventas a AFSCA.

 

Ricardo Jaime

Evidentemente algo está mal si después de tres años me quieren responsabilizar de un accidente, insisto, hace tres años que me fui de la función pública, así el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime negó tener responsabilidad en la tragedia de Once y recomendó consultarle al Gobierno sobre los funcionarios que deben responder por el choque ferroviario que provocó 51 personas muertas y casi 700 heridas. Mientras caminaba por el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero un periodista lo cruzo y le preguntó por su eventual complicación en el siniestro, ya que él condujo la política de transportes del kirchnerismo durante seis años, de 2003 a 2009. Entonces el periodista apunto a repreguntar y modificando la pregunta inicial intento conocer la opinión del ex funcionario respecto de la responsabilidad de la presidenta Cristina Fernández, a lo cual Jaime reaccionó rápido con un "háblelo con el Gobierno" y se apuró para dar por finalizado el diálogo y alejarse.

En la causa penal por el accidente de Once, que causó 51 muertos y casi 700 heridos, Jaime deberá presentarse el viernes 8 de junio a declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio, el mismo día que debe comparecer Gustavo Cirigliano, titular del hoy ex concesionario Trenes de Buenos Aires (TBA). Han declarado como imputados varios directores de la empresa entre ellos, el presidente de TBA, Carlo Michele Ferrari quien negó cualquier responsabilidad en el siniestro, al asegurar que su trabajo en la empresa era solamente institucional y de representación de la compañía, sin injerencia sobre el mantenimiento o funcionamiento de las formaciones. Bonadio que investiga el choque de un tren de la línea Sarmiento al arribar a destino en la terminal de Once, el 22 de febrero pasado, solicitó se realizarán las pericias que aparentemente concluyeron en que de los cuatro frenos de la formación tres funcionaban aunque con anomalías, pero resaltaron que el paragolpe de la estación estaba sin operar y las unidades presentaban mantenimiento diferido, es decir, atrasado o directamente mal realizado. El maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, declaró en su momento que intentó frenar pero los sistemas no le respondieron. Sin embargo, los resultados de las pericias concluyeron sobre el buen estado de los frenos, por lo que fue citado nuevamente a declaración indagatoria. Jaime ya fue procesado por el juez Bonadio en un expediente donde lo encontró presuntamente responsable de haber recibido dádivas de empresarios del área de transporte que lo habrían invitado a realizar viajes de placer. Además, es investigado por enriquecimiento ilícito en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, que nunca lo citó a declaración indagatoria.

La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, abarca además a sus hijas Romina, Julieta y Gimena, y las de su última pareja Silvia Reyss más las hijas de ésta Agostina Soledad Jayo y Lorena Silvia Jayo porque según el funcionario habrían actuado como personas interpuestas, disimulando el incremento patrimonial del ex secretario. Lo que puesto en palabras más sencillas, habrían sido sus testaferros. En el trámite de dicho expediente, hubo varios allanamientos, por ejemplo al hotel Saint Tropez, de Villa Carlos Paz, construido sobre dos terrenos que fueron comprados en 2008 por Julieta Cecilia Jaime, la hija de 28 años del ex funcionario. También el juez dispuso allanar el complejo industrial Cerro Motos, ubicado en la calle Juan B. Justo 4915, para intentar establecer si Jaime ejercía en ese lugar algún tipo de actividad no declarada. El ex secretario y su familia sufren un embargo preventivo de 40 millones de pesos y el secuestro de ocho propiedades inmuebles, un jet privado y un yate, que supuestamente le pertenecerían a través de presuntos testaferros.

Nuevas reglas de juego

La decisión de Economía refleja, sin duda el apuro por conseguir el mayor ingreso de divisas posible en el tiempo más corto. Si bien el Central venia comprando muchos dólares, en las últimas semanas hubo mayor presión cambiaria por lo que la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont dejó de comprar grandes cantidades diarias. La medida busca que los montos de liquidación de dólares crezca sustancialmente, lo que ayudará al BCRA a recuperar reservas más rápido. La norma 142/12 difundida por el Palacio de Hacienda modificó los tiempos para la liquidación de exportaciones, de seis plazos se pasó a un régimen más simplificado de tres. Hasta ahora, según la posición arancelaria, podían liquidarse las divisas en 15, 30, 60, 90, 120 y 180 días corridos. Ahora, sólo se mantuvieron los plazos de 15, 90 y se agregó el nuevo plazo de 360 días para posiciones arancelarias que antes no existían, como maquinaria agrícola lo que favorecería a la empresa que venderá las supuestas cosechadoras a Angola con créditos de la provincia de Entre Ríos.                             

Esta disposición fue a su vez complementada por la Comunicación A 5.300 del BCRA, que fijó un plazo de 15 días hábiles como máximo para entrar los dólares por el mercado de cambios. Y en los casos de los que venden a más plazo, por ejemplo 90 días, queda vigente este período de 15 días para entrar las divisas. Los nuevos plazos entonces para liquidar divisas en el país dispuestos por el Ministerio de Economía y el BCRA encendieron alarma entre los exportadores. El tema no afecta a las cerealeras, pero sí a la mayoría de las industrias, que ahora temen quedarse sin financiación para vender al exterior. Sucede que la nueva normativa acortó drásticamente los plazos para liquidar las divisas, cuando en la mayor parte de las operaciones el plazo de cobro es mucho más extenso que el definido por el Gobierno. Este descalce de plazos entre el cobro efectivo de una venta y la liquidación de los dólares por el mercado oficial de cambios dejaría a muchas empresas directamente fuera de competencia. Los teléfonos de los ejecutivos de empresas exportadoras no pararon de sonar, rápidamente los empresarios cayeron en la cuenta de que para seguir exportando tendrán ellos que adelantar los dólares e ingresarlos en el mercado local, ya que en la mayoría de los casos los importadores en cada país están lejos de pagarle a 15 días.

Aunque el Gobierno quiera, las reglas y los plazos para el comercio exterior no se pueden fijar a gusto y conveniencia, sino que depende de las modalidades que se dan en cada sector. Como no hubo consulta alguna para establecer este nuevo régimen, se termina afectando a una enorme cantidad de compañías exportadores de bienes. Un caso claro es la reducción de 15 días para la liquidación cuando se le vende a una compañía vinculada. Esto se da, por ejemplo, en el caso de empresas que abren una representación en otro país para discutir mejor con los compradores locales, por ejemplo, supermercados. Sucede que en general las negociaciones para vender en ese mercado externo incluyen plazos mucho más largos de pago, que usualmente pueden superar los 180 días. Sin embargo, la norma establece que en el caso de que la empresa posea una representación en el exterior la liquidación debe efectuarse obligatoriamente a los 15 días de realizada la exportación.

En este caso no se tiene en cuenta de qué mercadería se trata. Se trata, en definitiva, de una nueva traba para el sector exportador que ya está atravesando un momento complicado. El atraso cambiario le pega a los exportadores industriales, ya que son cada vez menos competitivos. La disminución de la actividad económica en Brasil impactó directamente sobre uno de los sectores más dinámicos en lo que a sector externo se refiere, como el automotor. Y ahora se agrega la devaluación del real, que llegó al 11% desde los niveles que había alcanzado a mediados de febrero el dólar finalizó el mes pasado a 1,907. Ahora se le estaría quitando a los exportadores una herramienta fundamental de negociación con sus proveedores del exterior. A una compañía que compra productos argentinos no le pueden exigir que pague a los 15 días, porque se da vuelta y le compra a una china que le puede dar seis meses o más, es ridículo.

Repsol, YPF IV

El impacto en la Bolsa de comercio de la patriada o la imprevisión oficial equivale a casi $400 por cada uno de los 5,7 millones de jubilados y pensionados del país, o por dar otro ejemplo, al 60% de la inversión de 2011 en el Plan Conectar Igualdad. Los efectos colaterales también pegan en las provincias y las empresas, que ven encarecer el crédito, junto al riesgo país, por derrumbe de algunos bonos soberanos. La expropiación del 51% de YPF que se encontraban en manos de la española Repsol por parte del Gobierno  genero, y está generando efectos acaso no calculados en el plan oficial, uno de ellos, la pérdida de unos US$500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que es aquel que reúne los activos destinados a financiar a los futuros jubilados. Las pérdidas se produjeron en las tres semanas que siguieron a la expropiación, al derrumbarse las acciones que la Anses tiene en las principales empresas del país, una herencia de otra expropiación, la de las desaparecidas AFJP.

La cotización de las acciones en la Bolsa local cayeron entre 10% y 20% en ese período, y con esa pérdida disminuyó sensiblemente el valor del fondo previsional. Esos fondos, paradójicamente, podrían servir para solventar la expropiación de YPF. La ola de incertidumbre y desconfianza provocada por el anuncio de la intervención y toma de control accionario no sólo derrumbó las acciones de firmas energéticas, bancos e industrias en la Bolsa local, sino que afectó también a los bonos, hizo subir el riesgo país y el costo de endeudarse para la Nación, provincias y empresas. Otro de los efectos adversos fueron las reducciones de la calificación de la deuda soberana por las consultoras Standard & Poor’s y Moody’s o sus advertencias de un empeoramiento en el entorno de negocios. A dos semanas del anuncio, la situación no tendía a mejorar, y también explicaba la escalada del dólar paralelo muy por encima de los 5 pesos. En el FGS se notó el efecto colateral más inmediato de la expropiación. En base a información oficial, la Anses perdió $2.212 millones desde el lunes 9 de abril, cuando apenas comenzaban los rumores de confiscación, hasta que luego de la intriga se concretó en la expropiación.

El FGS tenía el 8,9% de sus activos en acciones de empresas argentinas, unos $17.783 millones en esos valores al 31 de diciembre pasado. Esas acciones subieron moderadamente hasta $17.898 millones al 9 de abril, pero desde entonces han seguido cayendo muy por debajo de los $14.683 millones. La pérdida fue del 12,4% del valor en tres semanas. El elevadísimo nivel de confrontación, exacerbado por la decisión definitiva de expropiar el 51% de las acciones de YPF, generó una enorme toma de ganancias en los activos financieros, fundamentalmente en aquellos afectados en forma directa o indirecta por decisiones de política. Las más afectadas resultaron las empresas cotizantes en el índice Merval, que, casualmente, son las que tienen más participación de la Anses como accionista. Telecom, que había anunciado un aumento de la inversión de un 46% para este año en relación con 2011 en medio de críticas desde el oficialismo, fue la que más pérdidas le originó a la Anses, nada menos que $700 millones. Sus acciones se derrumbaron 13,7% desde el 9 de abril, de $18,3 a $15,8 por papel. Siderar, pese a la renovada buena relación del oficialismo con Techint, vio caer su capitalización 17,2%, lo que le costó al FGS unos $362 millones.                                            

En el rubro industrial, el fabricante de aluminio primario Aluar también se vio afectado, aunque el organismo previsional apenas perdió $53 millones debido a que tiene pocas acciones allí. Los bancos venían en lenta caída luego de un muy buen 2011 en lo que a ganancias se refiere, pero el efecto YPF intensificó su derrumbe. En Banco Macro, otrora aliado del Gobierno, es donde Anses tiene casi un tercio del paquete accionario. La acción perdió 11% en tres semanas y los jubilados del futuro vieron esfumarse así $207 millones. La caída de acciones del Grupo Galicia y Banco Patagonia, donde la Anses también tiene participación, les reportó pérdidas por $61 y $68 millones, respectivamente. Las energéticas no tuvieron mejor suerte y alcanzaron valores inferiores a aquellos posteriores a la crisis de 2009. En pocas palabras, la nacionalización de la petrolera no hizo más que generar incertidumbre y pérdidas millonarias tanto al gobierno como los privados. Lo peor de todo es que esto recién empieza.

La necesidad de Amado

El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, dijo en la provincia de Corrientes que este es un Gobierno que no se detiene y destacando especialmente la expropiación de sólo el 51% de las acciones de YPF, un proyecto ideado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con urgencia y para ocultar a la vista de los crédulos que tiene todavía como seguidores la realidad y gravedad de la situación argentina. Aunque no se entiende como durante la década de los noventa para esta misma Presidenta era nacional popular privatizar la petrolera y hoy solamente es nacional popular estatizar el 51% del paquete accionario que pertenece a la española Repsol. El tiempo demostrará claramente los motivos, y los negociados completados entre ambos países. Por su parte el vicepresidente hablaba de que en este nuevo gobierno la Presidenta de la Nación no esperó ni un solo día, haciendo mención a la conveniente reforma de la carta orgánica del Banco Central, a la Ley de Tierras, pero sobre todo fue enérgico y popular con la frase “tenemos tres letras y una palabra YPF y Argentina", sostuvo Boudou.

Agregó que este era un gobierno que no se detiene, por eso el acompañamiento popular que había tenido la presidenta en el acto realizado en el estadio del club atlético Vélez, donde según él estaba convencido, que muchas correntinas y correntinos acompañaron. Y utilizando la retórica presidencial se dirigió a los presentes pidiéndoles textualmente “Por eso yo quiero decirles, correntinos y correntinas, cuenten con Fabián Ríos, cuenten con Camau Espínola, cuenten conmigo, pero sobre todo cuenten con Cristina Fernández de Kirchner". Al final del acto, volvió a subrayar que es importantísimo tener una Presidenta que tenga el coraje, calidad y eficiencia para tomar medidas como esta, recuperando el control estratégico de la YPF nacional, la YPF de los 40 millones de argentinos. Siempre que hablamos en nuestros artículos del vicepresidente hicimos mención particular de su condición de idiota útil, a un proyecto al que ni siquiera adhiere, solamente que en este momento necesita recuperar algo de credibilidad por eso su discurso. Agregó también que todas son parte de una misma idea de hacer política la medida que se tomó con las AFJP y el banco Central, por ejemplo. Finalmente, consultado sobre de la causa Ciccone-Boldt, Boudou, esquivo cualquier tipo respuesta afirmando que lo importante era seguir trabajando, aunque no se privó de hablar nuevamente de que todo se trataba sólo de operaciones mediáticas del grupo Clarín y de los diarios La Nación y Perfil.

Boudou entregó netbooks del programa Conectar Igualdad a estudiantes del colegio Vicente Figuerero, y al hablar ante los alumnos cual si fuera Santa Claus Boudou dijo, "Chicos estamos muy felices contar con este programa de computadoras, úsenlas con responsabilidad y estudien mucho, porque este país es de los 40 millones de argentinos volvió a repetir. En su discurso recordó además las palabras de la Presidenta, que había despertado la importancia de trabajar con los jóvenes porque ellos son quienes custodian y están construyendo hoy el futuro de la patria. Por su parte, el intendente Espínola mencionó la importancia de los momentos políticos que vive la Argentina, trabajamos en este proyecto para una Argentina más libre y más justa, para que los jóvenes puedan estudiar y con esta herramienta tengan un mejor futuro, afirmó el jefe comunal. Es algo más que evidente la necesidad del vice de hacer buena letra para seguir sin que el gobierno le suelte definitivamente la mano.

Ciccone, capitulo XI

Nació en 1968 y llegó a juez federal en 2004, cuando tenía 37 años, nombrado por el entonces presidente Néstor Kirchner junto al hoy ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, Julián Ercolini y Daniel Rafecas. Ariel Lijo se destaca en los tribunales de Comodoro Py por su relativa juventud, y así entonces la causa que indaga sobre una serie de medidas que beneficiaron a la ex Ciccone Calcográfica y en la que está investigado, entre otros, el vicepresidente Amado Boudou ya tiene un nuevo juez a cargo, Ariel Lijo, titular del juzgado federal número cuatro. El expediente recayó en Lijo, luego de que la Cámara Federal apartara de la investigación al juez Daniel Rafecas, recordemos que la separación del magistrado había sido solicitada por Diego Pirota, el abogado de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, a raíz de los mensajes sobre la causa que el magistrado había intercambiado con el abogado del propio Núñez Carmona y esos mensajes que intercambiaron Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe versaban sobre estrategias que eventualmente habrían beneficiado a Núñez Carmona y Boudou.

Tiene a cargo la investigación por las coimas pagadas por Siemens en la Argentina para quedar a cargo del contrato de la impresión de DNI. En el marco de esa causa, también llamó a indagatoria a Menem y a su ex ministro del Interior Carlos Corach y al ex director de Migraciones Hugo Franco, además de a 22 empresarios. Lijo ordenó recientemente la elevación a juicio oral la causa contra el ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano por presunto encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. El ex mandatario, el ex juez, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, Jorge "el Fino" Palacios y otros están acusados de de haber desviado de la investigación la denominada "pista siria", que apuntaba al empresario textil Alberto Kanoore Edul, conocido de la familia del ex presidente. Lo primero que debía resolver Lijo era si admitia que el fiscal Carlos Rívolo siguiera siendo el fiscal a cargo de la causa o aceptaba la recusación planteada por el amigo de Boudou a través de su abogado, aun no lo ha hecho. Entre otras cosas, Rívolo condujo el allanamiento que se hizo a la propiedad que el vicepresidente le alquila en Puerto Madero al empresario Fabián Carosso Donatiello, y que permitió confirmar que aparte de expensas, facturas de servicios, televisión por cable y de telefonía fija de ese departamento de Boudou fueron pagadas por Alejandro Vandenbroele, el titular de la ex Ciccone que reconoció públicamente ser conocido de Núñez Carmona y haber hecho negocios con él pero que nunca conoció ni conoce al vicepresidente. Por ese motivo el fiscal Rívolo debe quedar fuera de la causa.

La compañía, hoy denominada CVS, resultó beneficiada por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno. Primero, la AFIP pidió su quiebra y esta fue aceptada por un juez, pero poco después, la misma AFIP solicitó, con una inédita recomendación expresa de Boudou por entonces ministro de Economía, que se levantara la quiebra, cosa que ocurrió cuando el fondo The Old Fund consiguió un préstamo para hacerlo y Vandenbroele quedó al frente de la imprenta. La siguiente decisión con la que se benefició la ex Ciccone fue el millonario y controvertido contrato directo por el que el Banco Central le terminó adjudicando la impresión de billetes sobre la que hoy ya trabaja. La investigación por los vínculos entre el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la ex Ciccone no es la única que tendrá Lijo y que involucra al ex ministro de Economía, el mismo magistrado tiene las denuncias que hizo el propio Boudou contra el estudio jurídico de la esposa del ex procurador Esteban Righi y contra el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por supuesto tráfico de influencias. No será nada fácil para el juez Lijo tomar decisiones influenciado por un gobierno que defenderá hasta el final al corrupto vicepresidente.

Mas presión tributaria

Se desprende del acuerdo firmado entre ambos países que aun deberá ser ratificado por ley que  el Estado argentino podrá cobrar impuestos adeudados sobre activos en Uruguay que no estén declarados a la AFIP y calcular el monto desde el momento en que fueron adquiridos. Esta situación evidencia la enorme necesidad de dinero que requiere el gobierno hoy en día, y hace que deba raspar todas las latas posibles para conseguirlo, entre las que se encuentra una de las más importantes como lo es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según el acuerdo, a partir de ser ratificado por ley Uruguay tendrá 60 días para notificar a la Argentina si encuentra defectos en el pedido de datos tributarios de contribuyentes argentinos sospechados de evasión; y 90 días para responder si por alguna razón no puede entregarse la información requerida.                     

El punto más importante, y la preocupación de los contadores por la inminente entrada en vigencia del acuerdo de intercambio de información fiscal, es el de la no retroactividad. Sin embargo en este punto hay que dejar en claro, y esa que esto no se trata de un acuerdo de intercambio de información ¿Por qué?, sencillamente porque los uruguayos no tienen tierras o dinero en Argentina, pero el 40% de la tierra uruguaya pertenece a dueños argentinos lo cual es un dato significativamente relevante. La no retroactividad de la que habla el texto se refiere solamente a que Uruguay no informará sobre el pasado del inversor en el país, sino que brindará una foto de su situación patrimonial del momento en que la Argentina le pida datos o desde que entre en vigencia el acuerdo de intercambio. Para explicar cómo sería la retroactividad podemos dar un ejemplo que ilustrara cualquiera de los casos: “un argentino posee una casa en Punta del Este desde 2002, entonces mediante una fiscalización la AFIP sospecha de la existencia de la propiedad y pide información a Uruguay, que lo confirma”. La AFIP determina el impuesto vencido de Bienes Personales y calcula a tientas las rentas que se generaron para poder adquirir la propiedad por lo que determina el Impuesto a las Ganancias. El punto clave para este supuesto convenio es que Uruguay no puede limitar la potestad tributaria del Estado Argentino por lo tanto este tratado no incluye solamente medidas dirigidas a la simple recolección de evidencias con carácter meramente especulativo conocido como fishing expeditions. Es decir que la AFIP, comandada por Ricardo Echegaray, no podrá pedir una lista de personas que tengan cuentas en bancos de Uruguay, sino realizar un requerimiento específico de la situación de un contribuyente que esté siendo investigado en la Argentina pero sobre el que se necesiten datos que en el país no puedan conseguirse.

El país al que se le piden los datos no está obligado a facilitar la información que no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o en su jurisdicción territorial, siempre que no exista una investigación judicial de por medio. Los analistas entienden que no se podrá acceder por ejemplo a las cuentas de clientes en oficinas de representación de entidades financieras de otros países que se encuentren en zonas francas, que están bajo protección de la legislación de otros países como Estados Unidos e Inglaterra. De todos modos no habría que confiarse tanto por aquello de la necesidad urgente de caja. Los datos el gobierno los obtendrá de todas las fuentes a las que pueda presionar, bancos, otras instituciones financieras y personas que actúen en calidad de mandatario o fiduciario, y también del registro de propiedades o el de sociedades para ver accionistas o socios, su vinculación y como se constituyen esas sociedades.

Repsol, YPF IV

La decisión de España de reducir compras de biodiésel argentino en represalia por la expropiación de YPF, fue minimizada por la Presidente Cristina Kirchner en el marco de un acto realizado en Santa Cruz donde acompañada por el gobernador provincial, Daniel Peralta, le restó importancia a la amenaza que realizó la administración de Mariano Rajoy y expreso que las decisiones soberanas que tome España no serian cuestionadas. Y en este ida y vuelta de falsas acusaciones entre un gobierno, el otro y la petrolera Repsol Cristina advirtió que si los empresarios españoles decidieron pagar el combustible a precios más caros, sería una decisión de ellos. Cristina también pidió tranquilidad, al asegurar que la Argentina está en condiciones de absorber esa producción en el mercado interno, de este concepto lo que no se entiende es que si antes se vendía el combustible a los españoles porque ahora este excedente no necesitamos venderlo y el mercado interno puede absorberlo para su utilización.

Así entonces en su lógica la presidenta insistió en que España terminaría pagando un biodiésel para sus empresarios más caro, e inclusive se aventuró a pronosticar que seguramente la situación impactaría en una economía que no goza de buena salud.      Tras el revuelo internacional generado por la decisión de la Casa Rosada de avanzar en la nacionalización del 51% del paquete accionario que la española Repsol tenía en YPF, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Gobierno no estudia expropiar más empresas. La primera mandataria en su discurso explicaba a todos los argentinos deberíamos estar tranquilos, ya que se está produciendo en condiciones de absorber esa producción de 400 mil toneladas que eran las que se exportaban a España e incluso 700 mil más de nuestro mercado. Cristina recordó también que es nieta de españoles y subrayó la generosidad con la que la Argentina recibió a los inmigrantes de ese país tras la guerra civil, por lo que finalmente remarcó, que a partir de ahora y como siempre vamos a responder con la misma generosidad de toda la vida.

En el discurso recordaba épicamente cuando Evita llevó alimentos a España. Porque si algún país había sido generoso con los ciudadanos del mundo, ese era la Argentina. Violamos acuerdos, expropiamos empresas, robamos conjuntamente con esas empresas, pero sin embargo somos infinitamente generosos. Esa es la idea de la Presidente que en su presentación también leyó el artículo 128 de la Constitución de España, que textualmente señala que "toda riqueza del país está sujeta al interés general", por lo que sostuvo irónicamente que los españoles deben sentirse orgullosos de contar con instrumentos que defiendan tan bien sus recursos naturales. También hizo referencia a que la Argentina no haría ningún planteo a la OMC (Organización Mundial de Comercio), obviamente los que expropiamos y robamos somos nosotros las presentaciones están a cargo de los supuestos damnificados. Nosotros somos gente de trabajo dijo, y muy respetuosos de la soberanía de los países.

Según entiende los argentinos somos por esos motivos muy celosos de nuestra soberanía y nuestras propias decisiones. Entre todas las incongruencias que dijo explicó que ese mismo día visitaría la tumba de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, para dejar allí el proyecto de ley de expropiación de YPF. El motivo tenía que ver con que el ex Presidente tenía como sueño recuperar YPF, algo difícil de creer considerando que este matrimonio fue el principal arquitecto de la privatización durante los 90. Expresó su agradecimiento según ella a los miles y miles de españoles que han hecho llegar sus felicitaciones a la Argentina, yo me pregunto ¿quiénes serán? Además, anunció que la Argentina se va a sumar al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en sus demandas en el G-20 contra las aperturas comerciales que por sí mismas no generan desarrollo e indicó que Estados Unidos y la Unión Europea son los que más denuncias comerciales tienen por trabas al comercio. Evidentemente esta mujer ha perdido el rumbo, y fundamentalmente la razón.

El accidente de TBA

La connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho, y el fiscal federal Federico Delgado cree que hubo una connivencia entre funcionarios del Gobierno y los directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que no realizo inversiones para mejorar el estado del sistema ferroviario, y eso terminó con la crónica de una catástrofe anunciada el choque del tren que el 22 de febrero se estrelló en la terminal de Once y mató a 51 personas. El fiscal expreso este concepto en un duro dictamen entregado en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio. El escrito fue presentado para formalizar la imputación que se les hace a los 30 imputados llamados a declaración indagatoria que comenzó este lunes. Entre ellos se encuentran las cúpulas de las empresas TBA y su controlante, Cometrans, así como también los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, el actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sicaro, y su antecesor en el cargo, Pedro Ochoa Romero.

Delgado también introdujo, respecto de los funcionarios ex funcionarios y directivos de las firmas, la figura del peculado, es decir que no los acusa sólo por un estrago culposo sino por un delito mucho más grave, penado con hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El peculado, es el delito que consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración fue confiada a los funcionarios en razón de su cargo, y en este caso según el fiscal, se trata de los fondos cuya administración estaban en cabeza de la Secretaría de Transporte. El dictamen elevado por el fiscal no toma como base o punto de partida las pericias conocidas sobre las causas del accidente sino básicamente los críticos informes públicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), desoídos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Incluso, para el fiscal, luego de cumplirse con los pasos formales del proceso, con esta prueba alcanzaría para someter a los acusados a un juicio oral y público. El concesionario hizo cuanto quiso, y no cumplió con las pautas básicas del contrato, en particular con las inversiones en mantenimiento. Sin embargo, la complicidad del ministerio de planificación federal no puede soslayarse. La cartera de Julio De Vido de la cual depende la secretaría transporte pese a todo derivó los fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar, resumía el fiscal en un párrafo de su extenso dictamen. Delgado tiene experiencia en la materia por cuanto fue acusador en una causa similar por el estado de la ex línea Roca, donde desarrolló esa misma línea y logró procesamientos confirmados por la cámara de apelaciones y donde ya pidió la elevación a juicio.

Además de los informes de la AGN, el fiscal sostuvo que hubo un alerta decisivo el 13 de setiembre del año pasado, cuando una formación de la ex línea Sarmiento embistió a un colectivo en Flores, pero todo permaneció igual. Delgado consignó los datos aportados por la AGN, en cuanto a los multimillonarios subsidios recibidos por TBA desde su aplicación, a partir de 2003. La cifra da $1924 millones, con 19 actualizaciones, cuyos motivos, según cita la AGN, nunca fueron debidamente explicitados. El dictamen admitía que la CNRT había realizado ciertos controles pero destaca que esa actividad no fue ejecutada por la Secretaría de Transporte. Esa complicidad, probablemente sumada a un pacto tácito, entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte disolvió cualquier chance de control real. El fiscal habló también de desidia, no se refirió precisamente al maquinista de la formación, que terminó herido al comando del tren, sino al rol que él atribuye al Gobierno. Y también hizo un paralelo jurídico con la tragedia de Cromañón, ocurrida años antes pero con un saldo mucho mayor de muertos. No hace falta ser jurista para entender que si el fiscal imputo a 30 personas responsables o no, olvida a uno de los principales culpables de este asesinato como lo es sin duda el ministro Julio De Vido.

Repsol, YPF III

Hoy con la expropiación consumada, y nombrado el nuevo director de la nacionalizada YPF que entrará en funciones el próximo día lunes bueno sería repasar lo que fue el anuncio de la nacionalización y los motivos esgrimidos por la Presidenta de la nación. Sin importar el motivo con el que fueron utilizadas, ya sea para responsabilizar y condenar la gestión de Repsol en YPF o acusar a la española del vaciamiento, las cifras que la Presidenta desplegó fueron algo más que llamativas. Sin duda estas cifras golpean directo al corazón del kirchnerismo, ya que buena parte del descalabro ocurrió durante los casi nueve años de su gestión, y lo que es peor, a la vista de los funcionarios y sin que el gobierno interviniera al menos en sus funciones de control y regulación. Han pasado por lo menos siete años desde que algunos especialistas presentaron el primer informe en el que alertaron sobre los problemas que se venían y la necesidad de incentivar inversiones. En lugar de tomarlos en cuenta, se los llamó “los agoreros de siempre”. Pero Cristina Kirchner se asombraba por cadena nacional del salto brutal del 100 % que el año pasado se había pagado en concepto de importaciones energéticas, y exactamente un 110 % respecto de 2010, según datos oficiales del INDEC.

Y considerando que se trata de estadísticas oficiales, las cuales nunca serán creíbles, recurriendo a los números reales se puede advertir que en 2010 ya habían crecido un 69 %. Así de la misma manera es posible reparar en que, salvo por la recesión de 2009 la factura energética siempre fue en aumento hasta llegar a un 1.600 %. Desde 2003 las compras pasaron de US$548 millones a nada menos que US$9.397 millones. Nos hemos convertido en importadores netos de gas y petróleo, afirmaba Cristina que aparentaba no salir de su asombro. En 2011 la Argentina acusó un déficit de US$2.931 millones en el balance comercial energético. Lo cierto es que nada sucede de un día para el otro, ni el avance de las importaciones, ni el desequilibrio en la balanza energética. Según los datos del INDEC en 2003, el país no tenía déficit energético, sino un superávit de US$4.864 millones. La conclusión es que la Argentina perdió el autoabastecimiento energético y se transformó en un país dependiente del exterior. Debe traer de afuera lo que aquí falta, gas natural y licuado, gasoil y fuel oil. Todo caro, para abastecer la demanda interna y mantener en funcionamiento las centrales térmicas. Por esta limitación, omitida en el discurso oficial, en 2012 la Argentina deberá seguir importando en cantidades por unos US$14.000 millones, según algunos cálculos preliminares.

Y aunque el Gobierno alegue que lo hace con la intención de sostener la actividad económica, también cabe la lectura inversa, la ausencia de esos recursos le pegaría de lleno a la producción. Los números abruman, pero sirven para describir el trayecto y el punto al que se ha arribado. Entre 2001 y 2010, las reservas comprobadas de gas cayeron un 53 %, y las de petróleo bajaron 12 %. La ecuación implica una pérdida notable de riqueza. No sólo se ha estrechado el horizonte en dos insumos que representan cerca del 90 % de la matriz energética nacional. El correlato fue que la producción de petróleo viene en picada desde 1998 y la del gas, a partir de 2004. La misma regla vale para otra denuncia de la Presidente, que dijo que de 1999 a 2011, las utilidades netas de YPF ascendieron a US$16.450 millones y que distribuyó dividendos entre sus accionistas por US$ 13.246 millones. ¿Cómo recién ahora descubren que una situación semejante estaba pasando? Más aún, en 2008 Néstor Kirchner bendijo un contrato entre Repsol y su por entonces nuevo socio, el grupo Eskenazi, que garantizaba una transferencia de dividendos equivalentes al  90% de las ganancias de la compañía.

Gracias a ese arreglo, entre 2008 y 2010 el reparto de dividendos duplicó largamente las utilidades, salió muchísima más plata que las propias ganancias y, de paso, la empresa fue descapitalizada. Por último, algo que no es novedad es que la producción de hidrocarburos depende de las reservas comprobadas, no de las potenciales, y aunque la Argentina dispone de enormes recursos de gas no convencionales, apenas superados en el mundo por los de China y Estados Unidos. Claro, transformar estos recursos en reservas comprobadas requiere de inversiones de millones de dólares anuales, y desde luego para eso hace falta contar con una verdadera política energética. Por ello no basta con tomar el control del 51 % de YPF, ni denunciar para los desinformados las maniobras de Repsol, omitiendo la complicidad en las mismas. La novedad no es la crisis energética, negada sistemáticamente por el Gobierno y a la vista en los cortes a industrias y hasta a casas de familia. El caso es que todo coincide con la escasez de divisas, que derivó en el cepo cambiario y en el corte a la importación de bienes e insumos.

Repsol, YPF

Para ocultar realidades, pero solo por un tiempo nada mas ya que había que quitar de la tapa de los matutinos los serios problemas por los que atraviesa la Argentina, la mejor idea tal como lo entendieron muchos medios del mundo se le ocurrió a Cristina Kirchner que se envolvió en la bandera argentina para anunciar que YPF estaba otra vez en manos del Estado, y la fervorosa reacción de los muchísimos desinformados que viven en este vendito país, y apoyan a este gobierno fue lógica, pocas consignas movilizan más la emotividad nacionalista de la gente que las gestas patrióticas. En esta particular ocasión, el motivo de exaltación podría considerarse doble, ya que no sólo lo privado se vuelve público, sino que también recuperamos una de las joyas de la abuela, o por decirlo de otra manera lo extranjero se convierte en nacional y popular. La expropiación de YPF refuerza una idea muy arraigada y muy discutible, que es esta equivocada concepción de que el progreso social de un país está atado a la posesión de recursos naturales, sin importar si los mismos se explotan o no. Esta estupidez colectiva nubla la razón al punto de entender que la situación sería comparable, “para quienes la bendicen”, con la recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas.

La Presidenta que no quiere dar puntada sin hilo ha dado este paso en momentos en los que la economía Argentina viene dando graves señales de agotamiento, igual que su figura. Sin embargo, sería conveniente no dejarse embaucar por esta trampa retórica, ya que si hacemos un poco de memoria Cristina Kirchner avaló con creces la privatización de YPF en los años 90, y fue el secretario general de presidencia, Oscar Parrilli, quien la defendió en la Cámara de Diputados en 1992, cuando decía que la transformación de YPF en una empresa privada daría oxígeno al gobierno por aquel entonces de Carlos Menem. No sorprende que estos actores de revolución de izquierda no recuerden, y se contradigan al cabo de dos décadas cuando que el discurso que Cristina Kirchner pronunció no resiste los archivos de seis meses atrás. Según parece esta gente acaba de desembarcar en el gobierno y la gestión energética que ella y su esposo lideraron durante los últimos nueve años es una herencia macabra que debe ser abandonada. El kirchnerismo ya tenía una empresa del Estado, lo que todavía no habían descubierto para entonces era la soberanía nacional. Enarsa la compañía estatal que creó Néstor Kirchner, que desde hace nueve años tiene la exclusividad de las exploraciones off shore y no se le conoce un solo trabajo, eso sí, se dedicó a importar combustibles.

Sólo en este país un mandatario puede autoincriminarse sin remordimiento alguno, como lo hizo la Presidenta, al explicar la caída en la producción de petróleo y gas que se registra durante su administración, utilizando una falacia que reduce las causas de la escasez de hidrocarburos sólo a la falta de inversiones de YPF. Entre otras cosas aparte de la desinversión, el desabastecimiento energético se debe a que la gestión del Gobierno desalentó la producción, y el insuficiente compromiso de la petrolera fue un capítulo de esa gestión, presentado como el motivo de la argentinización de YPF. En la lógica kirchnerista hubo dos pilares fundamentales, el congelamiento de las tarifas energéticas y los subsidios. Mientras al productor local de gas se le reconocieron US$2 por millón de BTU, al de Bolivia se lo remuneraba con US$10, y al de Qatar, con US$15 una ecuación imposible razón por la cual se dispararon las importaciones de combustibles hasta sumas que el gobierno ya no puede pagar. Los Kirchner lo hicieron, la Presidenta y su esposo forzaron el ingreso de la familia Eskenazi en una privatización que ahora forma parte de esa herencia maldita que el kirchnerismo recibió de sí mismo. Los Eskenazi, expertos en el mundo del petróleo, pagaron el 25% de YPF con futuros dividendos de la privatizada. El método implicaba la desviación de recursos productivos al pago de la deuda.

Fue toda una trama ideada por Néstor Kirchner, quien además colocó a sus amigos al frente de la gestión de la empresa. Hoy el proyecto establece la estatización del 51% de las acciones de Repsol, pero no el 25% de los Eskenazi que seguirán siendo accionistas. Salvo que no puedan saldar sus compromisos, en cuyo caso su parte pasaría al poder de los bancos y de Repsol, que los financiaron. Este mes tienen un vencimiento por US$500 millones. ¿Les permitirán Julio De Vido y Axel Kicillof afrontarlo con dividendos? De todos modos Repsol aprovechó las ventajas otorgadas a los Eskenazi para girar millones en dividendos a su casa matriz en España. Será interesante comprobar cómo, con la misma política de precios, De Vido y Kicillof consiguen producir más petróleo y gas que los privados. Salvo que su intención sea utilizar recursos de YPF para pagar las importaciones de combustibles, que este año representan US$14.000 millones. De ser así, el objetivo de la patriada sería solo el de cubrir un agujero fiscal. Recordemos como ejemplo que durante los años en que manejó las finanzas de Aerolíneas, Kicillof no pudo presentar un solo balance. Y fue necesario que el Estado lo auxiliara con un 50% más que lo que él mismo le pedía en cada presupuesto. Evidentemente Axel no está a la altura de las circunstancias.

Ciccone capitulo XI

La causa que se abrió para investigar un supuesto tráfico de influencias y otros delitos en el proceso de levantamiento de la quiebra de Ciccone y el paso de la empresa a manos de la firma The Old Found, de Alejandro Vanderbroele. Quedo por sorteo al frente del caso el juez Rafecas quien delegó la investigación en el fiscal Rívolo, que a su vez le pidió distintas medidas entre ellas el allanamiento a un departamento de Puerto Madero propiedad del vicepresidente Amado Boudou que se encuentra alquilado. Rafecas se equivoco y quedó envuelto en la polémica cuando su amigo, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, se presentó ante el Consejo de la Magistratura para entregar copias de mensajes intercambiados con el magistrado a través de un programa de chat telefónico, donde se hablaba de la causa y su evolución, mientras Rívolo investigaba y este letrado representaba a uno de los sospechados.

En el pedido de apartamiento de Rafecas, se argumentó que el juez habría perdido la imparcialidad en base a las declaraciones periodísticas hechas sobre el caso, y a los mensajes intercambiados con el abogado de uno de los investigados. El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, fue quien presentó ante ese cuerpo la denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, sobre la base de los cuestionamientos que recibió también  por parte del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. La presentación de oficio ingresó y fue analizada de inmediato por la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por el kirchnerismo, que tiene como competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Las sanciones van desde advertencias, apercibimiento y multas de hasta un 30% de sus haberes, hasta la elevación al plenario de los dictámenes de remoción y o suspensión.

Si el vicepresidente de la Nación, que es el segundo en la línea sucesoria del Ejecutivo, hace una denuncia de tal calibre es obvio que el Consejo de la Magistratura se tiene que abocar a la investigación. Los dichos del vicepresidente implican una gravedad institucional que el Consejo no puede soslayar. El cuerpo argumentó que el allanamiento de una de las propiedades del ex ministro de Economía en Puerto Madero estaba avisado, en línea con la acusación contra Rafecas realizada por Boudou, aunque se indicó que no pueden afirmar que haya sido el propio magistrado quien puso al tanto a la prensa sobre el operativo. El vicepresidente puso en duda de la imparcialidad del magistrado y eso es lo que estaba en tela de juicio, no la agencia de noticias, que puede ser una metáfora, que puede ocultar algo más profundo, se resaltó al analizar las declaraciones de Boudou en el Senado.

El oficialismo cuenta con el apoyo de seis de los trece integrantes del Consejo de la Magistratura, pero el representante de los abogados del interior del país en el Consejo, el radical Daniel Ostropolsky, ya consideraba que la denuncia era absolutamente imprudente y alertaba sobre los hechos por venir. Los consejeros no están para frenar la investigación contra el ex ministro de Economía por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública pero si para proteger la independencia del magistrado y por ello debían entenderse muy desafortunadas las declaraciones del Vicepresidente, quien desde el Senado había acusado a Rafecas de montar una agencia de noticias y lo había tildado de mafioso. Sin embargo esta razonable argumentación no lograría frenar lo que por lógica sucedería, porque lo importante no es el pedido de la defensa si no que quien ha intercedido directamente para blindar al vicepresidente fue la propia Cristina Fernández.